Ángel Córdoba, Presidente del III Congreso Nacional de Seguridad Privada

El objetivo del Congreso es ayudar al mejor desarrollo reglamentario posible de la nueva Ley de Seguridad Privada.

Como en las anteriores ocasiones, el evento promete ser fundamental para que el propio sector construya su futuro; en este caso, con sus aportaciones al nuevo Reglamento de Seguridad Privada. Apenas quedan dos meses para su celebración (el 18 de noviembre, en Madrid), y Córdoba se muestra convencido de que los objetivos que se ha marcado el Comité Organizador se verán plenamente satisfechos.

– ¿Qué supone para usted ser elegido presidente del tercer Congreso Nacional de Seguridad Privada, el evento más importante para el sector?.

Fundamentalmente una gran responsabilidad, al originarse el mandato desde la confianza depositada por todas las Asociaciones organizadoras de este Congreso. Y por supuesto un gran honor por la deferencia, dado que cualquier miembro del Comité Organizador podría haber asumido con garantías plenas la representación sectorial en este importante evento.

– Estamos ya a poco más de dos meses de la celebración del tercer Congreso. ¿Se están cumpliendo los objetivos previstos en la programación del evento?.

Efectivamente, habría que precisar que no se trataba de celebrar un Congreso porque ya tocara. De hecho, ninguno de los dos Congresos anteriores se basaba en criterio alguno de periodicidad. El Comité Organizador decidió proceder a esta convocatoria porque existe un claro objetivo: una vez publicada la nueva Ley de Seguridad Privada, ayudar con nuestras aportaciones al mejor desarrollo reglamentario posible, y que así fuera percibido tanto por los proveedores de servicios y los usuarios de los mismos, como por el resto de interlocutores del sector.

Consecuentemente, los objetivos que nos marcamos para que se cumplieran antes de la finalización del mes de julio, y que se han alcanzado en su totalidad, giraban sobre un foco de necesario pragmatismo. Esto es, (i) elaboración escrita y remisión a la Secretaría de Estado de Seguridad de nuestras aportaciones en el Documento de Consideraciones y Propuestas para el Desarrollo Reglamentario de la nueva Ley de Seguridad Privada; (ii) la optimización del interés manifestado por parte del Ministerio del Interior en la recepción de este documento y de su absoluta predisposición a tener en cuenta su contenido en el proceso de elaboración del suyo; y (iii) como prueba de lo anterior, la aceptación del ministro del Interior y del secretario de Estado de Seguridad de realizar los actos de inauguración y clausura del Congreso, aun a sabiendas de sus intensas y, por lo tanto, cambiantes agendas de trabajo.

– En la organización participan casi una veintena de asociaciones, además de la revista Seguritecnia. ¿Cómo se están desarrollando los trabajos de preparación, teniendo en cuenta el número de entidades y la diversidad de especialidades que abarcan entre todas?.

Si algo hay que destacar hasta este momento en la preparación del Congreso es precisamente eso, los trabajos de preparación de lo más importante del evento y que justifica la convocatoria del mismo, esto es, el Documento de Consideraciones y Propuestas para el Desarrollo Reglamentario de la nueva Ley de Seguridad Privada. Que durante varios meses de intenso trabajo, casi una centena de personas, aportando distintos puntos de vista de cada una de las organizaciones del sector (tanto de proveedores como de usuarios de servicios) sobre cada una de las materias abordadas por la nueva Ley, haya llegado a un consenso de redacción, sin ambages, de un documento de casi cien folios de extensión, denota una decidida voluntad de querer hacerlo, una gran claridad de ideas y una importante capacidad de llegar a acuerdos, lo que difícilmente puede garantizar hoy algún otro sector de actividad de nuestro país.

– ¿Cuáles son, a grandes rasgos, los aspectos más importantes que recoge el documento de propuestas para el nuevo Reglamento de Seguridad Privada, que, según me comenta, ya han entregado al Ministerio del Interior?.

Nada más aprobarse la nueva Ley, se formaron ocho Grupos de Trabajo constituidos cada uno por representantes de todas las organizaciones sectoriales. Concretamente, son los de Empresas, Coordinación y Colaboración, Personal, Servicios, Sujetos Obligados, Medidas, Formación y Control Administrativo y Régimen Sancionador. Cada uno de ellos elaboró un documento que recogía, por una parte, una breve valoración de la nueva Ley con respecto a la materia objeto de su estudio, y, por la otra, las consideraciones y recomendaciones que se entendían de formulación necesaria desde el sector de la Seguridad Privada, como para ser tenidas en cuenta en el proceso de redacción del desarrollo reglamentario por parte de los profesionales del Ministerio del Interior delegados a tal fin.

Lógicamente, este esfuerzo de concreción de consideraciones y recomendaciones es un intento de reducir a lo esencial y a lo preciso lo que nosotros entendemos que debe ser el tratamiento que habría que darle a los asuntos y/o materias que ya se están desarrollando reglamentariamente. Son lo que podríamos llamar “líneas rojas”, que, de ser traspasadas por alguna de las partes, necesitarían de un debate previo más sosegado y profundo para entender con mayor precisión las ventajas e inconvenientes que aportan esos distintos planteamientos.

Pero, más allá de propuestas concretas de lo que a nuestro juicio sería deseable, también es importante destacar lo que, también en nuestra opinión, no sería positivo para nuestro sector desde el prisma de su nueva regulación normativa.

En primer lugar, que adolezca de la necesaria flexibilidad como para poder llegar a lastrar la capacidad organizativa empresarial en sus estrategias de aplicación de los contenidos de la reciente Ley. Este posible riesgo tendrá mucha correlación con la extensión y nivel de detalle de su articulado; esto es, si la anterior Ley estaba estructurada en 39 artículos y la nueva en 72, debería existir una proporcionalidad similar en el número máximo de artículos que sustenten al nuevo Reglamento. Una excesiva y exhaustiva normativa de acompañamiento, exceptuando la que sea necesaria para erradicar contundentemente tanto el intrusismo como la competencia desleal, sería contraproducente.

Esta nueva Ley regula múltiples actividades diversas, desde la investigación privada hasta la seguridad física, pasando por la gestión de alarmas o el transporte de fondos, por citar sólo algunas. Y lo hace en un entorno tremendamente cambiante, por lo que no esperamos un Reglamento capaz de recoger en su texto un tratamiento común para todas ellas. Eso nos llevaría a un voluminoso documento de difícil aplicabilidad real y, además, de imposible rápida –y necesaria– adaptación a nuevas disposiciones legales relacionadas o a nuevas realidades y necesidades derivadas que en un futuro próximo puedan existir. Para ello hay otros mecanismos y herramientas legales de menor rango, pero tremendamente efectivos a tal fin.

Tampoco esperamos que el esfuerzo de desarrollo se centre en dar formato legal a actividades que ya se venían desarrollando en el día a día bajo la supervisión de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (FCS), dando respuesta a históricas demandas sociales y a plena satisfacción de peticionarios y beneficiarios de las mismas. Lo que sí esperamos es un ejercicio empático de entendimiento de la mentalidad empresarial que subyace en el sector, imprescindible para la continuidad del mismo, y que la labor de colaboración y complementariedad que se nos exige, siempre subordinadamente con respecto a las FCS, se extienda progresivamente a nuevos ámbitos de actuación y al desarrollo de nuevas funciones. Esto, preservando siempre la finalidad de mejora de la seguridad preventiva para el ciudadano y la optimización de las capacidades de los recursos globales disponibles.

– ¿Cómo espera que acoja el Ministerio del Interior esas propuestas? ¿Cuáles son sus sensaciones en cuanto al nivel de respuesta que podría tener el documento?.

Nuestra expectativa es máxima, pero no porque hagamos un acto de fe, sino porque nos basamos en la experiencia histórica. Ya en octubre de 2003, Francisco Muñoz Usano, presidente del primer Congreso Nacional de Seguridad Privada, comentó en su discurso de bienvenida que era “justo reconocer que no tenemos conocimiento de ningún caso en que una propuesta de las entidades representativas haya dejado de ser estudiada”.

Y desde aquel momento, las personas en las que ha confiado el Ministerio del Interior, desde su Secretaría de Estado de Seguridad, para generar y coordinar las relaciones con nuestro sector han seguido teniendo un comportamiento ejemplar con el mismo, con un talante siempre conciliador y con una total predisposición a escuchar nuestros temas y problemas cada vez que se les ha solicitado, mostrando a la vez un carácter proactivo y leal por su parte en sus obligaciones de tutela y mejora de un sector que se ha ganado, con el paso del tiempo y la experiencia del trabajo realizado, el carácter de colaborador indiscutible de las FCS, garantes finales de las libertades ciudadanas en virtud del mandato otorgado en nuestra propia Constitución.

Por otra parte, y basándonos también en la misma experiencia, tampoco creemos que nuestras propuestas actuales se alejen mucho de los planteamientos que se puedan estar plasmando en sus trabajos, dado que en el día a día el nivel de contacto y relación entre la Seguridad Pública y la Privada sobre los temas comunes es continuo y total. Eso que facilita que todos seamos conscientes y sabedores de las necesidades de ambos.

En cualquier caso, nos parece mucho más constructivo y más correcto que proliferen este tipo de actitudes de colaboración público-privada en los procesos de desarrollo legislativos. Ya se ha demostrado, y tenemos casos recientes, que la implantación unilateral de medidas sin la necesaria prudencia previa de constatar la necesidad, bondad, eficacia y apoyo de las mismas por parte de la parte afectada, sólo denota una mentalidad cortoplacista. Ese supuesto puede llegar a situar en una posición de especial riesgo a algún sector productivo, en especial a aquéllos que por sus propias especificidades necesitan de un tratamiento diferenciado para garantizar su supervivencia y seguir contribuyendo cada vez más al incremento del PIB y a la generación de empleo. Este sector es un buen ejemplo de ello.

– Si los dos anteriores congresos fueron muy importantes para el sector por los cambios que se han producido después de su celebración, este tercero parece incluso más trascendental dada la reciente aprobación de la nueva Ley de Seguridad Privada. ¿Qué se juega el sector en este encuentro?.

Es cierto lo que dice. Todos tenemos que agradecer a los organizadores de los dos Congresos anteriores, el de 2003 y el de 2011, los importantes y favorables cambios experimentados en el sector a nivel legislativo una vez celebrados los mismos.

A modo de ejemplo, en el primero de ellos, Francisco Muñoz Usano, en nombre de los organizadores, destacó algunos temas con la recomendación de que se les dieran rápidos tratamientos. Como, por ejemplo, fueron “(i) el reconocimiento jurídico y social de los servicios que presta el personal de seguridad a nuestra comunidad, abarcando medidas de protección legal del mismo y, en el plano más simbólico, el establecimiento de un Día de la Seguridad Privada para reconocer públicamente esa labor, ó (ii) la flexibilización normativa del marco jurídico del sector”. De ambas reflexiones hemos tenido cumplida respuesta.

En el segundo Congreso, su presidente, Antonio Ávila Chuliá, comentó: “en los últimos años hemos experimentado un incipiente cambio de perspectiva en el que, cada día más, se habla de reciprocidad en lugar de subordinación”. La respuesta a su comentario la tenemos en los principios inspiradores de la nueva Ley de Seguridad privada.También abordó temas que, por el escaso tiempo transcurrido, siguen plenamente vigentes. Entre ellos, la naturaleza y situación económica del sector y de las empresas que operan en el mismo. Al respecto dijo que es: “maduro, profesionalizado, innovador, sólido, capaz de ofrecer una respuesta eficaz a las demandas sociales, continuando en la senda marcada desde la eclosión de este sector en nuestro país, que desde hace más de 37 años se ha caracterizado por la búsqueda constante de la excelencia, del servicio y de la calidad. Todas estas cualidades adquieren mayor fuerza precisamente en momentos como los actuales, en los que la coyuntura económica no acompaña a las empresas que desarrollan su actividad en este sector, actividad que se ha identificado desde sus orígenes como una importante fuente de creación de empleo y un campo abierto a la exploración de nuevas líneas de negocio”.

Enlazo las anteriores reflexiones de Antonio Ávila con su pregunta sobre qué se juega el sector en este encuentro, porque básicamente quedaría contestada. Necesitamos un Reglamento que, directa e indirectamente (en este último caso inspirando y propiciando otros cambios legislativos), nos ayude a poder dar respuestas rápidas y eficaces a las nuevas demandas sociales, y hacerlo desde empresas que, compitiendo lealmente, sean capaces de seguir innovando e invirtiendo en este sector, en la mejor formación para sus profesionales, y generar de esta manera resultados económicos, empleo y nuevas actividades. Todo ello con la máxima calidad exigible.

– ¿Cree posible que durante el Congreso los representantes del Ministerio del Interior que participen avancen contenidos concretos del Reglamento de Seguridad Privada? ¿Hasta qué punto es un tema prioritario para ustedes y cómo impacta en sus actividades previstas para el futuro?

Ese sería nuestro deseo y así lo hemos solicitado. Siempre hay un momento en que hay que ‘bajar de las musas al teatro’ y ‘pasar de la poesía a la prosa’, en nuestro caso llevar la Ley al Reglamento. Es aquí donde se encuentran las reglas del juego, y este sector necesita imperiosamente de una claridad y seguridad jurídica sobre la que basar la toma de decisiones. Tenga en cuenta que desde hace varios años, en plena crisis económica y con una continua y lógica disminución de la facturación, hemos sufrido la aplicación de dos Decretos Ley que han incrementado desmesuradamente nuestras cargas impositivas y drenado drásticamente las cuentas de resultados. El último a finales de diciembre del pasado año, ya sin capacidad de respuesta en la presupuestación económica del ejercicio en el que nos encontramos, lo que desgraciadamente también tuvo su impacto en las políticas de empleo y en las alternativas y posibilidades previstas inicialmente en la negociación del actual Convenio Colectivo sectorial de Seguridad Privada.

A pesar de que antes de noviembre de cada ejercicio es habitual que una empresa ya haya esbozado el plan táctico del siguiente, y, por lo tanto, su previsión de gastos, inversiones e ingresos, todavía en el momento de celebración del Congreso hay margen para la corrección de desviaciones por aspectos no previstos. Cuando le comentaba aquello de ‘pasar de la poesía a la prosa’ era por algo: el Reglamento, en sus reglas del juego, debe de concretar, aun con el matiz de flexibilidad siempre necesario tal como hemos venido comentando, los qué, los quiénes, los cómos y los cuándos. Todo ello debe ser cuantificable y llevado en cada empresa a términos económicos; esto es, qué gastos e ingresos previstos se van a derivar y, consecuentemente, qué inversiones pueden soportar, y, por lo tanto, cuál es el coste de oportunidad con respecto a otras inversiones posibles en otras áreas geográficas y/o sectores de actividad. Estamos hablando de una normativa que impactará a más de 2.000 empresas y más de 100.000 trabajadores, justo coincidiendo en el tiempo con una nueva negociación del Convenio Colectivo de Seguridad Privada.

Es por estos motivos, y no por mera curiosidad, obviamente, por lo que el porcentaje de nivel de concreción en respuesta a nuestras recomendaciones que aporten los representantes del Ministerio del Interior será directamente proporcional al nivel de cumplimiento de nuestras expectativas.

En cuanto a su pregunta al respecto de cómo impacta este desarrollo en el futuro del sector, por el sistema de análisis específico creo que queda contestada por lo que le comentaba anteriormente. Si se la respondo bajo el criterio de comparación con otras medidas, hay que reconocer que una buena nueva Ley y un buen Reglamento, si bien son condiciones necesarias para la estructuración de un sector en una sociedad cuyas realidades y necesidades han evolucionado no aritmética sino geométricamente en los últimos años, no serán condiciones suficientes para su recuperación.

Ésta vendrá dada, principalmente y entre otras variables, (i) por la mayor demanda de nuevos y actuales servicios y por la mayor calidad de la misma y de los mismos; (ii) por la erradicación del intrusismo y la competencia desleal; (iii) por la innovación en fórmulas de contratación que persigan de verdad una prestación de servicios fiables y de calidad, principalmente por parte de la Administración en lo que se refiere a los servicios de seguridad y vigilancia; (iv) y por la adecuación de un sistema impositivo y normativa laboral específica de aplicación que tengan en cuenta las características propias de un sector todavía tremendamente intensivo en mano de obra y, por otra parte, dotado de una gran capacidad de generación de empleo a poco que se establezcan medidas que lo propicien.

– Por último, ¿cuáles son los principales motivos por los que deberían acudir al Tercer Congreso de Seguridad Privada los profesionales del sector?

Pues me temo que a estas alturas de la entrevista cualquier argumento que le dé me llevaría a repetirme. Por bromear un poco y acabar con algo más de sentido del humor, fundamental para lo que nos espera los próximos meses, le diría que en este Congreso se escenificará esa fase de la boda donde se avisa sobre “si alguien tiene algo que decir…”. Este Reglamento, si se dota de la necesaria flexibilidad de adaptación a las cada vez más rápidas, novedosas y cambiantes necesidades y demandas sociales, nacería con la intención de quedarse y ser de la máxima utilidad durante muchos años. Por lo que, para cualquier profesional del sector con vocación de continuidad, el participar en su creación debería constituir un hecho de la mayor relevancia.

Por otra parte, va a ser el foro por excelencia para entender de una forma didáctica y pragmática qué entiende y opina el sector al respecto de la nueva Ley, tanto usuarios como proveedores de servicios y agentes sociales, qué esperan encontrarse en el texto y contexto de su desarrollo reglamentario y qué opina la Administración al respecto. De esta forma dispondrán del avance informativo necesario para preparar a sus organizaciones para los próximos ejercicios en todo aquello en lo que impacten esas nuevas reglas del juego, sobre cuya futura gran trascendencia hemos estado comentando en esta entrevista.

Fuente: Seguritecnia

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