“El plan ha funcionado”. Prescrita la condena a Ramírez por la pajarera en su chalet.

 

Un auto dictado por la magistrada Mónica Herrera Rodríguez ha declarado prescrita la condena penal que en su día se le impuso al empresario Miguel Ángel Ramírez por haber construido una pajarera en su chalet de La Milagrosa.

En un auto dictado por los magistrados Emilio Moya, Oscarina Naranjo y la ponente Mónica Herreras, la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas ha estimado el recurso de apelación reconociendo que la condena a Miguel Ángel Ramírez lleva ya prescrita desde el 22 de febrero de 2017.

En concreto, la resolución judicial determina que ha quedado sin efecto el fallo por un delito contra la ordenación del territorio para el empresario y presidente de la UD Las Palmas que estimó en primera instancia el Juzgado de lo Penal número 5 de Las Palmas de Gran Canaria y posteriormente la Audiencia Provincial. Ambas sentencias entendieron que las obras que realizó Ramírez en su finca se habían llevado a cabo dentro de un espacio protegido y, por lo tanto, había incurrido en una grave «conculcación de la normativa reguladora de la ordenación del territorio, mediante la ejecución de una serie de cuantiosas obras que no resultan autorizables».

Ramírez nunca llegó a cumplir esa pena de tres años de prisión puesto que, en primer lugar, se le concedió un indulto parcial en el año 2013 que posteriormente fue anulado por el Tribunal Supremo debido a un defecto de forma. A renglón seguido, en 2016 la propia Audiencia Provincial y tras la petición cursada por la defensa del empresario, le concedió una suspensión de la pena privativa de libertad a la espera de que el Consejo de Ministros resolviera si procedía o no otorgarle la medida de gracia que se había dilatado en el tiempo debido a la situación de indefinición en el Ejecutivo central tras la repetición de las elecciones generales.

Finalmente y después de una larga batalla judicial llevada a cabo por la representación legal de Ramírez y tras la presentación de los correspondientes recursos por la vía contencioso administrativa, la Audiencia Provincial acabó dando la razón al empresario decretando en una resolución firme que las obras que derivaron en la condena inicial habían sido legales. Por ello, Ramírez ya ha iniciado la tramitación de un recurso de revisión ante el Supremo para que anule la condena por un delito que se entiende que nunca cometió.

Fuente: canarias7.es