Hacienda se ratifica en el fraude de Seguridad Integral Canaria en las horas extra.

ciudad de la justicia GC‘Un inspector califica de ‘inverosímiles’ los gastos por dietas de desplazamientos’.

La magistrada Victoria Rosell le ha tomado declaración como testigo al inspector de Hacienda que inicio la investigación tras las denuncias interpuestas por la Federación de Trabajadores de Seguridad Privada (FTSP-USO) por un supuesto fraude en el pago de las nóminas de Seguridad Integral Canaria.

El técnico que compareció ayer en el juzgado de instrucción numero 8  de Las Palmas de Gran Canaria, se ratifico en el informe en el que se ha basado la Fiscalía de delitos económicos de Las Palmas para querellarse contra Miguel Ángel Ramírez administrador único de la empresa de vigilancia privada durante los años investigados.

Según ese dictamen que fiscaliza los ejercicios económicos 2008 y 2009, Seguridad Integral Canaria ha podido cometer un fraude superior a los 2,3 millones de euros al pagar a sus vigilantes las horas extraordinarias fuera de la nomina o enmascaradas en otros conceptos con una carga tributaria menor, incluso en algunos casos exentos de cotizaciones a la Seguridad Social y de retenciones por el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF).

El especialista a preguntas de la magistrada calificó de “absolutamente inverosímil que la facturación analizada se corresponda con dietas por desplazamientos y conceptos similares”, pues ‘la empresa no ha presentado justificantes de unos gastos que constituyen el 30% de la masa salarial’, además de arrojar unas cantidades por horas extra trabajadas totalmente desproporcionadas, tanto por la comparativa con otras empresas de sector como por las particularidades territoriales y del transporte en Canarias.

Además según el inspector, “existe una discrepancia importante entre las jornadas laborales  y las horas extra declaradas”. Todo ello añadió “proporciona a Seguridad Integral Canaria, una ventaja competitiva respecto a otras entidades que optan a los concursos públicos convocados para la adjudicación de servicios de seguridad, ya que de esa manera se reducen los costes laborales y se pueden presentar mejores ofertas“.

La juez ha citado para el día 2 de abril a Miguel Ángel Ramírez para tomarle declaración como imputado por un delito contra la Hacienda Pública. También ha solicitado a la Agencia Tributaria que amplíe la investigación a los años 2010, 2011, 2012 y 2013.

Diligencias solicitadas por la fiscal y por la Federación de Trabajadores de Seguridad Privada (FTSP-USO).

El letrado D. Ismael Franco, de ADR Abogados fue quien presentó la denuncia a instancias del Secretario General de la Federación de Trabajadores de Seguridad Privada (FTSP-USO) Antonio Duarte Álvarez.

Señalar que también se ha personado como acusación el abogado del Estado en representación de Hacienda.