La Diputación de Lugo se convertirá en la primera de España y será “pionera” entre las administraciones públicas gallegas al imponer “cláusulas sociales”.

Lo anunció esta mañana en rueda de prensa el presidente de la Diputación, José Ramón Gómez Besteiro, quien afirmó que “la contratación pública es una política pública más, una herramienta para conseguir los objetivos” que se ha marcado el gobierno bipartito como “institución progresista, que prioriza los problemas de las personas y la lucha por un sistema económico justo e igualitario”.

Besteiro afirmó también que “la política no debe estar en las mesas de contratación” de las instituciones públicas, sino “en el diseño y en el control de las políticas de contratación”.

Desde su punto de vista, tiene especial valor que la Diputación de Lugo aplique este nuevo modelo de contratación, “socialmente responsable”, en un “momento como éste”, porque evidencia que la institución cree en un empleo de calidad y se muestra dispuesta “a apoyar a las empresas que lo crean”.

“Así blindamos a los trabajadores de las firmas que prestan servicio a esta institución”, añadió, pues “exigimos por escrito, como condicionante, que se garanticen durante toda la relación contractual tanto el número de empleados, como sus condiciones laborales, su tipo de contrato y su salario”.

De esa forma, matizó, “impedimos que alguna empresa aproveche o se excuse en leyes tan nefastas como la reforma laboral del Gobierno central para vulnerar los derechos de los trabajadores, a favor de despidos en precario”.

Entre las cláusulas que incorpora la Diputación a los pliegos de sus nuevos contratos de servicio, figura como criterio de valoración el número de trabajadores con contrato indefinido, además de valorarse las propuestas que impliquen una mejora en las condiciones laborales y salariales con respecto al Estatuto de los Trabajadores o al convenio estatal vigente.

También se tendrá en cuenta la inserción de trabajadores con discapacidad y la Diputación no permitirá “bajadas desproporcionadas o anormales en el precio” del servicio “a costa de reducir gastos laborales”, de forma que se atiende a la última directiva de la Unión Europea en materia de contratación pública, aprobada en enero, aunque todavía no se aplica en España.

Por otra parte, Besteiro aclaró que incumplir esas condiciones tendrá consecuencias para las empresas, dado que puede llevar consigo la resolución del contrato o penalizaciones que, en función de la gravedad de la infracción, pueden suponer entre un 3 y un 10% del presupuesto total del contrato.

Incluso, en función de la infracción cometida por la empresa, puede ser causa de prohibición para contratar con esta administración, especialmente “cuando se trate del incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución del contrato”.

Fuente: elprogreso.galiciae
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