La noticia aparecida en Radio San Borondon Canarias

 ImageTras una interminable sesión, la jueza María Victoria Rosell mantiene la imputación sobre Miguel Ángel Ramírez.Que fue recibido y despedido con gritos e insultos de empleados y ciudadanos que lo definen como empresario corrupto.

 

SB-Noticias.– El empresario Miguel Ángel Ramírez ha declarado durante algo más de cuatro horas, ante la jueza María Victoria Rosell como consecuencia de la denuncia de USO y la Fiscalía de Delitos Económicos por defraudar supuestamente 2,4 millones de euros al erario público en el pago de horas extraordinarias a sus vigilantes como si fueran dietas, un concepto que está exento de tributación.

El preside la UD Las Palmas confirmó en breves declaraciones a Radio San Borondón que a pesar de su versión en la que ha negado que en Seguridad Integral Canaria se paguen las horas extraordinarias como dietas y que se haya cometido fraude, la jueza le mantiene los cargos.A la salida del juzgado, pasadas las 3 de la tarde, dijo a Radio San Borondón que las personas que le abucheaban “No son trabajadores nuestros, casi todos estos trabajadores no lo hacen en Seguridad Integral Canaria, trabajan en empresas de la competencia”.
En declaraciones a la emisora, los responsables sindicales de USO dejaron que Seguridad Integral Canaria ha pagado a sus trabajadores muchas horas extras disfrazando la situación como dietas, lo que supone un fraude no solo a la Administración pública y a los trabajadores, sino a la competencia porque Ramírez juega con ventaja sobre las empresas que sí cumplen con el convenio de la seguridad privada.Basilio Febles dijo que la querella se basa en lo defraudado por Ramírez en 2008 y 2009, aunque también se investiga si la empresa ha seguido defraudando años después, por lo que la Inspección de Trabajo y la Tesorería de la Seguridad Social han tenido que informar al respecto sobre los años siguientes, dejando claro que los informes corroboran que en los años 2008 y 2009 ha habido un fraude de 2,4 millones de euros, pero el supuesto fraude podría llegar a los 40 millones de euros si se cuentan los años siguientes.