Los ataques que sufren los vigilantes de seguridad son continuos y las medidas de protección insuficientes.

Cuando la autoridad es la parte más indefensa.

Son en las estaciones de tren, dentro de los vehículos que transportan fondos de un banco a otro o en las puertas de los estadios de fútbol. Los vigilantes de seguridad privada están cada vez en más lugares, pero sus condiciones laborales se han ido deteriorando a lo largo de los años.
 
Las agresiones han aumentado y los sueldos siguen estancados.
“Hoy en día hay 260.000 placas de vigilantes en España, pero el sector sólo agrupa 75.000 trabajadores.
Paradojicamente, una de las quejas más frecuentes Dentro del sector es la falta de protección que sufren los vigilantes. “No Tenemos carácter de agentes de la autoridad”.
José Paz, trabajador de Prosegur con más de 35 años de experiencia en el sector. Para este vigilante, esto “genera indefensión” y “fomenta las agresiones”, ya que los atacantes vende estos Empleados “como una persona más”. Aparte, hay varias zonas con mucha afluencia de gente (por ejemplo, el metro de Madrid) donde hay “un solo vigilante” para controlar miles de personas, protesta Paz. “Las penalizaciones por agredir a un vigilante son simples sanciones administrativas de unos 400 euros”.
 
Reducción de costes como filosofía.
Que cada vigilante disponga de las herramientas adecuadas supone costes extras para las empresas. Según los entrevistados, la contratación pública en los últimos años ha sido “una irresponsabilidad”, así como el comportamiento de algunos grupos del sector. “A raíz de la crisis, las administraciones sólo se fijan en el precio de las subastas”, apunta Basilio Febles, secretario general de la federación de seguridad privada de la Unión Sindical Obrera (USO).
 

En Cataluña, las empresas que pagan por debajo del convenio colectivo (un hecho que se da en otras comunidades) no son contratadas. Sin embargo, la medida no es suficiente para evitar que muchos trabajadores lleguen justos a fin de mes. “El nivel de precios en otras zonas del Estado es menor”, remarca Paz. Con un salario que apenas supera los 1.000 euros mensuales “es imposible vivir en la ciudad de Barcelona”, comenta.

Una de las fórmulas para mejorar este salario base es recurrir a las horas extras. Su remuneración, sin embargo, sigue siendo “muy baja”, opinan los entrevistados. Cada hora extra se paga a siete euros y, por tanto, “hay que hacer más de 80 horas extras al mes para pasar de los 1.500 euros!”, exclama Paz.

En algunos casos, alargar el horario laboral es una obligación (en caso de que haya un cambio de turno y el relevo no se presente el vigilante no puede abandonar su puesto de trabajo, por ejemplo). Es por ello que los sindicatos reclaman la creación de un convenio específico para el sector en Cataluña.

Los trabajadores, aseguran, han hecho llegar todas estas demandas a las mismas empresas, pero la indiferencia que muestran es desconcertante: “Si le gusta, bien, y si no también”, le han llegado a responder a Paz.

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