Nadie se quiere dar por enterado.

El Gobierno Canario adjudica a Seguridad Integral Canaria la vigilancia de los edificios judiciales.

Esta empresa incumplidora del Convenio Colectivo y presuntamente defraudadora a la Hacienda Pública y a la Seguridad Social, no podemos olvidar que su propietario el Sr. Miguel Ángel Ramírez está imputado por un juzgado de Gran Canaria por un presunto delito fiscal, se ha vuelto a adjudicar el servicio de Vigilancia del los Edificios de las Sedes Judiciales de la Comunidad Autónoma Canaria por un importe de 7.832.738,16 Euros.

Al Gobierno de Canarias, presidido por el Sr. Paulino Rivero, parece que le da igual estos hechos, prefiere mirar para otro lado. No ignora las irregularidades que comente esta empresa, ni ignora que con esta decisión somete a cientos de Familias Canarias, a las que debe defender, en una precariedad laboral absoluta.

No les es ajeno porque nuestro Secretario General, Antonio Duarte, se lo ha explicado y argumentado en alguna ocasión que se ha dignado a recibirnos.

Menos salario, retrasos en el abono de las nominas, inexistencia de formación, etc. va a ser lo habitual para estos trabajadores y trabajadoras en los próximos dos años.

Desde la FTSP-USO venimos solicitando desde hace tiempo que las Administraciones Publicas Españolas cumplan con la normativa Comunitaria en materia de contratación, por ejemplo:

Relación Calidad-Precio.

1.- Los nuevos criterios de adjudicación previstos en las Directivas Europeas, las autoridades públicas podrán dar prioridad a la calidad, consideraciones medioambientales, aspectos sociales o a la innovación, sin olvidar el precio ni los costes del ciclo de vida del objeto de la licitación. “Los nuevos criterios pondrán fin a la dictadura del mejor postor y, una vez más, harán de la calidad una cuestión fundamental”,

Normas más estrictas para la subcontratación.

2.- Las nuevas normas endurecerán las disposiciones sobre subcontratación y ofertas “anormalmente bajas”, con el objetivo de combatir el dumping social y garantizar que se respetan los derechos de los trabajadores. Los contratistas que no cumplan con la legislación laboral comunitaria podrán ser excluidos de las licitaciones.

En este concurso y a nuestro juicio han existido alguna “irregularidades” como menos llamativas.

1.- Que se convoque el concurso por el procedimiento de urgencia, cuando faltaban pocos meses para la finalización del mismo.

2.- Que se paralice la apertura del sobre Nº 2 con la oferta económica el mismo día señalado para la apertura alegando que no se había valorado con corrección el sobre Nº 1. Este requisito de valoración es indispensable para la apertura del sobre con la oferta económica.

3.- Que se paralice durante un tiempo la apertura del sobre Nº 2.

No habían valorado los técnicos bien las prescripciones técnicas del concurso?

Se Realizo otra valoración por los mismos técnicos o por otros? Se utilizaron los mismos criterios en ambas valoraciones?

Se pidió aclaración a alguna empresa sobre la oferta presentada?

En definitiva, desde nuestra Federación no acabamos de ver con nitidez la claridad de este concurso y seguimos pidiendo a las Autoridades Públicas, que de una vez por todas miren por los derechos de los trabajadores y trabajadoras del sector y adjudiquen los concursos públicos a empresas que cumplan con el Convenio Colectivo, que cumplan con la normativa laboral en materia de formación y prevención, que tengan políticas sociales acordes que los tiempos que vivimos y que luego se le haga un seguimiento a dichos concursos para que no exista ningún tipo de fraude y se cumpla con lo adjudicado.

 

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