Ultimátum de Seguridad Integral Canaria

Seguridad Integral Canaria (SIC) advirtió este viernes a los sindicatos del sector de que 1.500 vigilantes de su compañía que prestan servicios en dependencias del Gobierno canario «corren el riesgo» de quedarse en paro y «sin cobrar sus salarios» si no aceptan su propuesta, porque en ese escenario se declararía en concurso de acreedores.

La compañía del grupo de empresas de Miguel Ángel Ramírez anunció hace meses su intención de retirarse del sector de la vigilancia para centrarse en otros negocios y también su propósito de transferir sus contratos de servicios a otras sociedades.

En un comunicado difundido la víspera de que los sindicatos del sector de la seguridad privada se reúnan con el presidente del Gobierno canario, Fernando Clavijo, SIC defiende la solución que ha ofrecido para su personal al servicio de la comunidad autónoma.

«Esta alternativa, aceptada ya por administraciones públicas de rango estatal e insular, consiste en que los trabajadores sean subrogados transitoriamente por otra empresa hasta que en los primeros meses de 2018 el Gobierno autónomo resuelva los concursos para adjudicar los servicios hasta ahora prestados por SIC», dice.

SIC sostiene que es viable su fórmula de ceder contratos públicos «a Sinergias de Vigilancia y Seguridad, hasta que, culminado el periodo transitorio mientras se resuelven los nuevos concursos, haya una adjudicación definitiva a alguna de las empresas que concurran».

«En caso de que los representantes sindicales que se reúnen mañana con el presidente del Gobierno no acepten esa fórmula, a Seguridad Integral Canaria no le quedará otro remedio que solicitar un concurso de acreedores que comenzaría a aplicarse antes de final de año y que abocaría al impago indefinido de salarios y consiguientemente al cese de actividad de la empresa y la remisión de los trabajadores al desempleo», argumenta la empresa.

SIC dice que su «objetivo primordial» es «la garantía de los puestos de trabajo» y que la forma idónea de conseguirlo es «la subrogación transitoria a otra empresa como salvaguardia de los empleos y el pago de salarios, por lo que confía en que los trabajadores animen a los representantes sindicales a velar por los verdaderos intereses del colectivo afectado».

Rechazo sindical

El secretario general de la Federación de Seguridad Privada de USO Canarias, Juan Díaz, ha afirmado tras conocer el ultimátum de la empresa que es «mentira» que los 1.500 trabajadores de Seguridad Integral Canaria (SIC) vayan a ir al paro si no aceptan ser cedidos a la empresa Sinergia Vigilancia y Seguridad (SVS).

En declaraciones a Efe, Díaz anunció además que su sindicato, UGT, CCOO e IC no asistiráneste sábado a la reunión que tenían previsto celebrar con el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, y que le habían solicitado, al haber incluido el Ejecutivo la presencia del CSIF, un interlocutor que no consideran válido por no ser representativo en el sector.

En relación al comunicado emitido por SIC en el que advierte de que los trabajadores irán al paro si no aceptan continuar con la empresa SVS, Díaz ha afirmado que sí seguirán trabajando porque deben ser subrogados por la empresa que se encargue de los servicios que hasta ahora presta SIC. A su juicio, lo que pretende la empresa de Miguel Ángel Ramírez es presionar.

Además, ha señalado que desde la Consejería de Justicia del Gobierno de Canaria ya se sopesa rescindir el contrato con SIC y convocar un nuevo concurso ante los incumplimientos que se están produciendo en determinados servicios.

Díaz ha confiado en que el Gobierno, al igual que ya han hecho instituciones como el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y el Cabildo de Gran Canaria en acuerdo plenario, exprese su negativa a ceder sus servicios a SVS, la empresa de bajo coste que relacionan con el propio Miguel Ángel Ramírez, con salarios aún inferiores a los de SIC.

El responsable de seguridad de USO en Canarias ha recalcado que en la provincia de Santa Cruz de Tenerife hay trabajadores de SIC que llevan dos meses sin cobrar, por lo que es preciso acabar con las empresas «piratas», y por ello piden al Gobierno de Canarias que rescate los servicios y convoque un nuevo concurso para que se puedan subrogar los trabajadores.

En cuanto a la reunión prevista con Clavijo, ha informado de que la solicitaron desde hace mes y medio los cuatro sindicatos que representan el 90 por ciento del sector (USO, UGT, CCOO e IC) para expresar la preocupación que sienten por su posible cesión de servicios a SVC, que ofrece salarios de 700 euros a los trabajadores.

Así mismo, ha indicado que cuando han llamado este viernes para confirmar la reunión, desde Presidencia se les dijo que se había invitado al CSIF, que se «apunta al carro después de la lucha sindical» protagonizada por los cuatro sindicatos mayoritarios del sector contra «la empresa pirata» de Ramírez.

Además, entienden que los asuntos a abordar en la reunión con Clavijo son «sensibles» y no quieren que asista el CSIF, ha indicado Díaz, quien ha dicho que desde el Gobierno se les ha comunicado que no podían evitar la presencia de este sindicato, por lo que han acordado no asistir con una representación sindical que entienden que «no es válida»

Fuente: canarias7.es