USO junto a los demás sindicatos con representación en Seguridad Integral Canaria han pedido al Gobierno autónomo que no permita la subrogación de trabajadores a empresas que no cumplan el convenio colectivo del sector.

 

Lo hacen tras el anuncio del cese de los servicios de vigilancia anunciado por Seguridad Integral. Exigen que se cumpla la ley de contratación pública.

Creen que el anuncio de Seguridad Integral de dejar los servicios de vigilancia porque dan pérdidas es una nueva vuelta de tuerca a su delicada situación laboral.

De hecho la convocatoria de la huelga y la manifestación del 7 de septiembre para protestar por la precariedad de sus salarios son anteriores a la noticia.

Ahora 1800 vigilantes serán subrogados a otras empresas. Presumiblemente a Marsegur y Sinergias. Según los sindicatos, con sueldos aún inferiores que no cumplen el convenio pero que son aceptados por la Administración pública.

“Si el propio Gobierno de Canarias, si el propio Ayuntamiento o Cabildo no pone palos en la rueda a este tipo de empresas nos vamos a ver en Canarias, con vigilantes de seguridad pidiendo ayuda en Cáritas, para comer”.

USO asegura además que la subrogación de trabajadores tendrá que cumplir la ley de contratación pública y para eso estarán vigilantes.

“Pueden haber varios delitos penales, de cohecho, de prevaricación, de enriquecimiento ilícito”. “En los pliegos de condiciones de muchos servicios del gobierno de Canarias viene ya reflejado que las empresas tienen que cumplir con el convenio colectivo”. Lo que sí han asegurado los sindicatos es que no habrá despidos y que seguirán batallando en los juzgados.