Varios ministros han salido en la última semana a pedir un esfuerzo a las empresas para que incrementen los salarios. ¿A qué se debe este cambio tan repentino que ha convertido la subida salarial en una ‘cuestión de Estado’?

NUEVO AVISO

El Gobierno presiona para subir los salarios y salvar así los ingresos de la Seguridad Social. Solo así podrán cuadrar los números de la Seguridad Social.

“Ha llegado el momento de recuperar la capacidad adquisitiva de los salarios”. Esta cita del ministro portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, evidencia hasta qué punto Moncloa está preocupada por que las empresas empiecen a subir la retribución de sus trabajadores. En apenas cuatro días han salido tres ministros a pedir a la CEOE una subida de los salarios, algo que contrasta con su discurso anterior, en el que pedían moderación salarial para no afectar a la competitividad del país. La primera en pedirlo, como no podía ser de otra manera, fue la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, el pasado martes. Al día siguiente lo demandó el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y el viernes cerró la ronda de ruegos el ministro portavoz. “Pedimos a los agentes sociales que cierren cuanto antes el acuerdo de negociación colectiva”.

¿A qué se debe este cambio tan repentino que ha convertido la subida salarial en una ‘cuestión de Estado’? El verdadero motivo es que los ingresos de la Seguridad Social necesitan un impulso en la recta final del año para cumplir con las cifras presupuestadas por el Gobierno. Además, el Ejecutivo necesita que las cotizaciones vayan bien para poder justificar que le haya quitado una décima de déficit a la Seguridad Social (algo más de 1.000 millones de euros) para dársela a las comunidades autónomas.

A pesar del optimismo que rodea al Gobierno en las últimas semanas, la realidad es que la recaudación tributaria no va mejor de lo presupuestado y los ingresos de la Seguridad Social están por debajo de lo que se esperaba. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) se encargó de rebajar el optimismo el pasado miércoles en unas jornadas de fiscalidad en Madrid. En ese acto, el secretario de Estado de Presupuestos, Alberto Nadal, presumió de que “ya nadie duda de que se va a cumplir el objetivo de déficit del 3,1% este año”, pero sí hay quien duda y su opinión es muy relevante: la AIReF. “Es difícil” cumplir con la senda de reducción del déficit fijada, alertó su presidente, José Luis Escrivá, “los objetivos son muy exigentes y va a costar alcanzarlos”.

En este contexto, Hacienda se ha visto en la obligación de dar 1.000 millones más de gasto anual a las comunidades autónomas, que son precisamente el subsector que menos problemas tiene para cumplir los objetivos de déficit por detrás de los ayuntamientos (que están en superávit). No ha tenido más remedio que ceder a esta exigencia de Nueva Canarias, pero a cambio ha tenido que retirar este margen de déficit de la Seguridad Social. Si los números no cuadraban hasta esta semana, ahora mucho menos. A esta situación hay que añadir la rebaja del IRPF de 2.000 millones exigida por Ciudadanos, que reduce todavía más la capacidad de generar ingresos de la Administración central.

En este escenario, el ministro de Hacienda tiene pocas alternativas para elevar los ingresos públicos y su principal esperanza reside en el buen ritmo de la economía y en el reparto de las rentas. Los beneficios no reinvertidos de las empresas apenas generan recaudación, pero sí la crean cuando se destinan a mejorar los salarios, tanto por la vía de las cotizaciones como del IRPF y del consumo que generan. He aquí el motivo del interés repentino del Gobierno por que suban los salarios.

La AIReF da casi un 80% de probabilidades a que los ingresos por cotizaciones este año sean inferiores a lo estimado por el Gobierno en la actualización del Plan Presupuestario enviado a Bruselas, y más de un 50% para los siguientes ejercicios hasta 2020. Si los salarios no suben, las probabilidades de que España cumpla con la senda de consolidación caen exponencialmente. Y en el caso concreto de la Seguridad Social, el incumplimiento es muy posible. El ritmo de la afiliación está creciendo a ritmos históricos, con 673.000 ocupados más en junio en comparación con el mismo mes del año anterior. Sin embargo, los ingresos por cotizaciones crecen a ritmos del 4,6%, lejos del 6,8% plasmado por el Gobierno en los Presupuestos Generales del Estado. Esto significa que en mayo faltan 3.000 millones de euros para alcanzar el ritmo estimado en los PGE, desfase que solo podrá cerrarse si suben los salarios en la segunda mitad del año de forma contundente.

Un estímulo a la negociación colectiva

Este nuevo discurso del Gobierno contrasta con la moderación salarial que pedían al inicio del año. En enero y febrero, el IPC repuntó hasta el 3% y desde el Ejecutivo se recomendaba no actualizar la retribución con la inflación ya que tendría efectos negativos sobre la competitividad del país y retroalimentaría el avance de los precios. “Lo importante es no incorporar una subida temporal, puntual, de la inflación a lo que es los efectos de segunda ronda”, recomendaba el ministro de Economía, Industria y Competitividad, Luis de Guindos, en el mes de enero.

Ahora el discurso es muy diferente, por primera vez el Gobierno de Mariano Rajoy pide a las empresas un esfuerzo para mejorar los salarios de sus trabajadores. Esta presión va dirigida a la CEOE, para que se acerque a la propuesta de los sindicatos y pueda desbloquear la negociación colectiva que lleva estancada todo el año. En las últimas semanas no se ha producido ningún avance, y las posturas de la patronal y los trabajadores siguen alejadas. Los sindicatos piden una subida de la retribución de entre el 1,8% y el 3% más una cláusula de revisión vinculada al IPC. La CEOE, por su parte, propone un avance de entre el 1% y el 2% más medio punto vinculado a la productividad. Para la patronal, la cláusula vinculada al IPC es totalmente inaceptable, ya que supondría volver a las prácticas del pasado que tanto perjudicaron la competitividad de España, pero los sindicatos creen que es innegociable, ya que solo así se pueden proteger las ganancias de poder adquisitivo pactadas.

La presión del Gobierno va dirigida a la CEOE para que impulse la negociación colectiva que lleva bloqueada desde el inicio del año

Las posturas llevan meses enconadas y el Gobierno empezaba a temer que no habría un acuerdo para subir los salarios, por lo que ha decidido pasar a la acción presionando a las empresas. Los sindicatos consiguen así un argumento más para imponer su propuesta en la negociación colectiva. Con este impulso, las ejecutivas de CCOO y UGT se reunirán este lunes por primera vez desde la elección de Unai Sordo como nuevo secretario general de Comisiones Obreras. Las dos organizaciones saldrán de este encuentro con una posición reforzada para retomar el diálogo con la patronal, y advierten de que si no se alcanza un acuerdo en julio, en septiembre ya tendrá un efecto escaso porque quedarán ya pocos convenios sectoriales y empresariales que actualizar.

A falta de un acuerdo a nivel nacional, los agentes han acordado convenios a un nivel inferior. Hasta mayo, la subida salarial media pactada es del 1,28%, en línea con lo que propone la CEOE y lejos de lo que piden los sindicatos. Esta subida tampoco está en línea con lo que pide el Gobierno, por eso un acuerdo más ambicioso a nivel nacional puede hacer que los futuros convenios que se firmen sean superiores. Aunque ningún miembro del Ejecutivo ha querido poner una cifra concreta sobre la mesa, Báñez ha dicho que la revisión de la retribución tiene que “incluir ganancias de poder adquisitivo” y “acompasarse al ritmo de la creación de empleo”. Según los datos de afiliación a la Seguridad Social, la ocupación crece a ritmos del 3,79% en junio, mientras que la EPA del primer trimestre reflejó un avance del al 2,27%, cualquiera de estas dos cifras supondría una subida salarial importante.

Desde el estallido de la crisis hasta hoy se han perdido en torno a 30.000 millones de rentas salariales, según los datos de Contabilidad Nacional del INE. Esto significa que aunque el PIB haya recuperado los niveles de 2008, lo ha hecho sustituyendo salarios por rentas del capital e impuestos. De hecho, las rentas del capital, medidas como excedente bruto de explotación (EBE), crecían en el primer trimestre del año a ritmos del 5,3% interanual, mientras que las rentas salariales avanzaron un 4,1%, un punto menos. Si las presiones del Gobierno fructifican en una subida salarial, este desequilibrio generado durante la crisis empezará a corregirse.

Fuente: elconfidencial.com