Victoria Rosell, una candidata a vocal del CGPJ con cuentas pendientes

 

Un CGPJ que tiene como principal desafío recuperar la confianza de la ciudadanía en la Justicia tras 5 años de mandato presidencialista bajo la batuta de Carlos Lesmes Serrano.

Victoria Rosell Aguilar, sin embargo, no llegaría con el expediente limpio sino con “tres asignaturas pendientes” que son serias promesas de primeras páginas de periódicos y de apertura de informativos de televisión y radio.

  • La primera es la demanda en la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, el demandante es el abogado Eduardo López Mendoza, que recurrió el archivo del expediente disciplinario abierto a Rosell Aguilar, decidido por la Comisión Disciplinaria en  2017. El origen del conflicto se remonta a la recusación que el letrado López Mendoza presentó el 26 de noviembre de 2013 contra la magistrada, la cual estaba investigando una supuesta estafa de un cliente del abogado, al que la juez luego también extendió la imputación (el caso fue sobreseido y archivado sin llegar siquiera a juicio). Como es preceptivo, Rosell envió la recusación a la Audiencia Provincial para que tomara una decisión. Algo que hizo el 11 de mayo de 2015. 18 meses después. Sin embargo, según el anterior pAD, Antonio Jesús Fonseca-Herrero, y el teniente fiscal, Luis Navajas, la magistrada Rosell Aguilar, en vez de abstenerse de tomarle declaración durante ese periodo de tiempo -como es obligado y está prohibido-, lo intentó en dos ocasiones.

           A lo que se negó López Mendoza. En consecuencia se le abrió expediente disciplinario a Rosell Aguilar.

  • La segunda es la denuncia que presentó el 19 de septiembre contra la magistrada el periodista Juan Santana Hernández, director y presentador de “El Pulso”, que emite Radio Las Palmas de 6 a 7.30 de la tarde de lunes a jueves. Santana, en sus programas, es muy crítico con la exdiputada de Podemos. Acusa a Rosell Aguilar de haberse, supuestamente, mofado de él a través de su cuenta de Twitter. En el mencionado tuit aparece una foto del periodista con la cara deformada, producto de un síncope que sufrió en pleno centro de Madrid; perdió el sentido y cayó de cara contra el suelo, rompiéndose los dientes.

    El periodista se hizo un “selfie” y se la envió a su esposa y a dos personas más.

    Dicha foto privada, fue modificada y colocada junto a otra de Shrek -comparándolo con el ogro-. Y es el origen de la queja que ahora investiga el CGPJ. 

    “La foto ha sido publicada por la juez Rosell en tw [Twitter], con el afán de mofarse de mí. Creo que la juez Rosell ha cometido un delito publicando esa foto“, afirmó Santana en la queja “on line” ante el CGPJ.

    “Su Señoría lo publicó en su cuenta personal, pero retocada, junto a otra del ogro Shrek. Y una pregunta: ‘Quién es? @JUSANHER? Shrek?’. Es la imagen que capturé con mi móvil y que he adjuntado, junto con otras, en mi denuncia al CGPJ. La mantuvo en Twitter entre el 11 y el 15 de septiembre, que fue cuando la borró“, señala.

  •  La tercera asignatura pendiente es una denuncia presentada por su compañero, Salvador Alba, por su participación, el pasado 29 de septiembre, en el acto de conmemoración del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 en Cataluña, organizado por la asociación separatista, Òmnium Cultural.

    La magistrada Rosell Aguilar participó en una mesa titulada “Recoser emociones, experiencias y luchas para transformar la historia”.

    “La intervención, en un acto de naturaleza política y de conmemoración que tuvieron lugar el pasado 1 de octubre en Cataluña[realmente fue el 29 de septiembre, sábado] -por los que se ha iniciado dos procesos penales- está lejos de los deberes judiciales y constitucionales que vinculan a jueces y magistrados”, dice la denuncia. 

    La presencia de la magistrada podría ser constitutiva de una falta muy grave del artículo 417.14 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) -“La ignorancia inexcusable en el cumplimiento de los deberes judiciales”-, que tiene relación directa con el artículo 395.1 de la misma LOPJ, que prohíbe a jueces y magistrados participar en “cualesquiera actos o reuniones públicos que no tengan carácter judicial, excepto aquéllas que tengan por objeto cumplimentar al Rey o para las que hubieran sido convocados o autorizados a asistir por el Consejo General del Poder Judicial”.

    Evidentemente, el acto organizado por Òmnium Cultural no tenía carácter judicial.

Amplía esta noticia

Confilegal