Aena, impotente ante las mafias de sus aeropuertos

Se trata de la situación desastrosa en la que se encuentra la empresa Safebag, que ganó el concurso convocado por Aena para prestar el servicio de plastificado de maletas en el aeropuerto de Barajas, a cambio de unos 2,9 millones de euros, dando empleo a más de sesenta personas. Hasta aquí, todo normal.
El problema empieza cuando varios grupos de personas, sin haber concursado y sin haber sido autorizados por Aena, instalan puestos de plastificado de maletas en todo el aeropuerto, a precios inferiores a los del concesionario que sí paga a Aena. Safebag concursó para obtener la gestión de un servicio en exclusiva, pero se encuentra que Aena no le garantiza lo que prometió. La situación fue denunciada por los trabajadores de la empresa oficial, sin reacción alguna. Incluso, los trabajadores afirman haber sido amenazados y golpeados por lo que califican como ‘mafias’ de origen rumano y búlgaro que controlan estas organizaciones sin licencia.

El último episodio es que los trabajadores de Safebag, que ven peligrar sus puestos, han colocado carteles de protesta en sus máquinas, a lo largo de todo el aeropuerto, exigiendo medidas. Dicen haber remitido una carta a la dirección de Aena y también que han informado a la policía de esta situación. La policía, con cierta lógica, dice que el aeropuerto no es la vía pública y, por lo tanto, se trata de un asunto de Aena. ¿Y la seguridad privada?.

Aena, cuyo máximo responsable decía hace pocos días en los medios de comunicación que la gestión de la dirección del ente público era la mejor posible no responde. O sí: ha enviado a los vigilantes para retirar los carteles de protesta que han puesto en la terminal. Pero, aparte esto, o sea aparte de acallarlos, nadie toma medidas y que esto ya se prolonga demasiado tiempo. Estos son los hechos, completamente increíbles.

¿Qué ocurriría si una ‘mafia’ se pusiera a vender bocadillos en los aeropuertos? ¿Y si otra se encargara de descargar las maletas de los aviones? ¿Cómo puede ser que una organización que es parte del Estado acepte que los términos de sus propios acuerdos, de sus propios concursos, no se puedan cumplir porque es incapaz de expulsar de sus dependencias a estos grupos? Si fuera cierta la violencia que denuncian los trabajadores de Safebag, la situación sería aún más disparatada. ¿En qué tipo de países puede ocurrir algo así?

¿Qué imagen trasmitimos de nuestro país?.

Fuente: preferente.com

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