Aluvión de reacciones y división de opiniones entre expertos y responsables políticos y sindicales.

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La publicación de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) según la cual la prestación por maternidad está exenta de tributar por IRPF ha provocado a lo largo de todos estos días un aluvión de reacciones y división de opiniones entre expertos y responsables políticos y sindicales.
Conviene aclarar que el hecho de que se trate de una Sentencia dictada por el TSJ de Madrid no significa que solo pueda hacerse valer por contribuyentes con domicilio fiscal en Madrid, ahora bien, de llegarse a la vía judicial, es perfectamente posible que otro Tribunal Superior de Justicia que resulte competente para resolver tenga un criterio diferente al del TSJ de Madrid; siendo menos probable que, de conocer este mismo Tribunal, vaya a apartarse del criterio expresado en su Sentencia de 6 de julio de 2016 (y anterior Sentencia de 3 de febrero de 2010 de la misma Sala y Sección).
PASOS A SEGUIR
1.- El primer paso para reclamar la devolución de la cantidad pagada en concepto de IRPF por la prestación recibida del INSS, será presentar una solicitud de rectificación de autoliquidación de la renta (en la Delegación o Administración de la AEAT correspondiente al domicilio fiscal) con devolución de la cantidad que corresponda.  Para ello, habría que hacer una simulación de la declaración de la renta afectada, sin computar ahora el importe de la prestación recibida del INSS, siendo la diferencia entre ambas declaraciones (la presentada y la simulada) el importe que reclamaremos, más los intereses de demora.
Esta solicitud podrá referirse a la renta del ejercicio 2012 o posteriores (la posibilidad de reclamaciones anteriores debe entenderse prescrita, a tenor del artículo 25 de la Ley General Presupuestaria).
El plazo máximo para presentarla, dependerá del año en que se haya percibido la prestación por maternidad/paternidad, es decir:
Si la devolución que se pretende se refiere a la renta de 2012,  habría plazo hasta el 30/06/2017; si se refiere a la renta de 2013, hasta el 30/06/2008; y así sucesivamente (es decir, cuatro años desde que finalizó el plazo de presentación de la declaración).
Por su parte, la Delegación o Administración de la AEAT correspondiente tiene un plazo máximo de 6 meses para resolver la solicitud.
2.-  En caso de que se desestime la misma, ya sea mediante resolución expresa o presuntamente (por silencio administrativo), el siguiente paso será presentar reclamación económico-administrativa ante el Tribunal Económico- Administrativo Regional o Local  que corresponda, en el plazo de 1 mes.
El plazo máximo que tiene el Tribunal Económico-Administrativo para resolver la reclamación dependerá del procedimiento correspondiente por razón de la cuantía, si es el procedimiento abreviado, será de 6 meses, en cambio, si es el procedimiento en primera o única instancia, será 1 año. (Ver artículo 235 y ss. Ley General Tributaria).
3.- En caso de que se desestime la reclamación económico-administrativa, ya sea expresa o presuntamente (como sucedió en el caso de la STSJM), habría que acudir a la vía judicial, interponiendo recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia competente.
Previsiblemente será esto lo que suceda, que la AEAT plantee batalla y no reconozca la exención de las prestaciones de maternidad/paternidad recibidas del INSS.
Llegados a este punto, habrá que valorar si se afrontan los gastos que supone acudir a la vía judicial (procurador y riesgo de condena en costas). Si el Tribunal que sea competente, por tener un criterio distinto al expresado en la STSJM, desestimase el recuso contencioso-administrativo habría condena en costas. Cabría plantarse la presentación de demandas conjuntas, agrupando a contribuyentes que estuvieran en misma situación, a fin de intentar reducir todo lo posible los gastos procesales.
Para el caso de llegar a iniciarse nuevos procesos judiciales, y resolverse de manera contradictoria por los Tribunales competentes, es muy probable que el tema acabe en el Tribunal Supremo para que siente doctrina que dirima la controversia en uno u otro sentido.
Con la nueva Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en vigor desde el pasado 22 julio 2016, el recurso de casación ha sufrido importantes modificaciones, entre ellas, ya no opera la limitación para recurrir en función de la cuantía del asunto, por lo que las Sentencias que en nuestro caso dictasen los Tribunales Superiores de Justicia sí que podrían ser recurridas en casación, en los términos establecidos en la redacción vigente del art. 86 de la L.J.C.A.

Trabajo aportado por la USO de Canarias