Aprobada la reforma de la Ley General Tributaria.
El Gobierno publicará la lista de deudores con la Administración el último trimestre del año.
La nueva Ley potenciará la lucha contra el fraude fiscal, reducirá la conflictividad de las normas e incrementará la seguridad jurídica.
El Gobierno dará publicidad de los obligados tributarios con deudas y sanciones pendientes superiores a un millón de euros, y de los condenados por delito fiscal.
Hacienda amplía las potestades de comprobación e investigación para luchar contra el fraude y se fijan nuevos plazos para el procedimiento inspector, con un periodo mas amplio pero limitando las causas de suspensión.
Según esta nueva Ley, por motivos de interés general, y para luchar contra el fraude fiscal, ‘se autoriza la publicación de listados de obligados tributarios con deudas y sanciones pendientes superiores a un millón de euros, que no hubieran sido pagadas en el plazo de ingreso voluntario, salvo que se encuentren aplazadas o suspendidas.
“Que quiere esto decir: que empresas que tienen deudas con hacienda incluso superiores al millón de euros, simplemente con ir y reconocer la deuda, quedan limpios y a salvo del escarnio público”.
Nueva normativa para la Contratación Pública.
Igualmente en este Consejo de Ministros, se confeccionó un informe sobre los anteproyectos de nueva normativa para la Contratación Pública.
Se incorpora a la legislación española el paquete de Directivas Comunitarias de Contratación Pública y tiene como objetivos primordiales mejorar la transparencia y la competencia en la contratación, así como agilizar los procedimientos fomentando la utilización de medios telemáticos.
Entre otras novedades estará la de que se amplía el ámbito subjetivo de la Ley que, en determinadas circunstancias y supuestos se aplicará a partidos políticos, organizaciones sindicales y organizaciones empresariales, cuando su financiación sea mayoritariamente pública.
Otra de las novedades y con el objetivo de reducir las cargas administrativas se generaliza el uso de las llamadas “declaraciones responsables”, en las que el empresario simplemente manifiesta que cumple los requisitos para acceder a la licitación, si necesidad de presentar documentación justificativa hasta el momento en que resulte adjudicatario del contrato.
También dicen en este informe que para conseguir una mayor transparencia, se restringe notablemente el denominado “procedimiento negociado” (que no tiene publicidad), eliminando el motivo de la pequeña cuantía del contrato de los supuestos que hoy día permiten su utilización.
Sin embargo se crea el “Procedimiento Abierto Simplificado” para no perder las ventajas de agilidad que tiene este procedimiento anteriormente comentado.
En el “Procedimiento Abierto Simplificado”, el proceso de contratación será muy breve (alrededor de un mes), pero con publicación obligatoria en Internet.