APROSER Estudio Económico sobre el Sector de la Seguridad Privada en España
Los principales datos y cifras de la última edición del Estudio Económico sobre el Sector de la Seguridad Privada en España muestran que el ejercicio 2020, afectado por una pandemia sin precedentes que impactó en toda la actividad económica, ha cerrado con un descenso de facturación del 0,8% en términos interanuales, hasta los 4.214 millones de euros. Este ajuste se produce tras cinco años consecutivos de moderados crecimientos en las cifras de facturación del sector, aunque todavía sigue sin alcanzarse la facturación que se venía realizando previamente a la anterior crisis económica de 2008.
Por actividades, el segmento de Vigilancia alcanzó los 2.560 millones tras registrar un leve crecimiento del 0,9% respecto al año anterior, claramente inferior al de los ejercicios precedentes. Igualmente, el área de Sistemas y Alarmas experimentó un moderado incremento de la facturación del 0,5%, hasta los 1.393 millones de euros. Sin embargo, los leves avances en estos dos segmentos no han podido compensar la gran caída en la actividad de Transporte de Fondos y Gestión del Efectivo, que facturó un 19,9% menos en el ejercicio, descendiendo hasta 261 millones de euros.
Los agentes sociales instan a un cambio radical y urgente de los procesos de contratación de los servicios de seguridad privada
El Observatorio Sectorial de Seguridad Privada, compuesto por las organizaciones sindicales FeSMC-UGT, CCOO del Hábitat y FTSP-USO, y las organizaciones empresariales ASECOPS y APROSER, todas ellas firmantes del nuevo Convenio Colectivo Sectorial Nacional 2022, acogió muy favorablemente la nueva Ley 9/2017 de contratos del sector público (LCSP).
Con posterioridad a la entrada en vigor de esta ley, el Tribunal Supremo ha modificado su criterio en relación con el régimen de asunción de responsabilidades de los nuevos adjudicatarios al respecto de las obligaciones pendientes de las empresas que cesaban en la prestación de los servicios, dejando importantes deudas salariales a los trabajadores, sin ingresar las retenciones a la Hacienda Pública ni las cotizaciones a la Seguridad Social -incluso las detraídas con anterioridad en las nóminas de los trabajadores-. Producto de ello, contratos muy relevantes han ido quedado repetidamente desiertos.
Añadido a lo anterior, la reciente apertura de procedimientos de reclamación de las cuotas no abonadas por las empresas salientes, por parte de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, contra las empresas que han asumido plantillas y servicios de seguridad abandonados por sus anteriores responsables (en clara contradicción con lo establecido en el artículo 130.6 de la LCSP), incrementa de forma exponencial e inasumible el riesgo a que ninguna empresa de seguridad privada quiera o pueda asumir unas deudas que, además, le son completamente desconocidas en el periodo de licitación e, incluso, en los meses o años posteriores al inicio de la prestación.
La previsible proliferación de estas situaciones conducirá a que servicios en los que la seguridad privada es complementaria de la seguridad pública, queden sin cubrirse y que miles de trabajadores pierdan sus puestos de trabajo, ya de por sí fuertemente impactados por los ERTE y reducciones de servicios derivados de la actual crisis económica.
Por todo lo anteriormente expuesto, el OBSERVATORIO SECTORIAL insta a que se garantice la preminencia y pervivencia de las empresas respetuosas con las obligaciones contractuales, laborales y tributarias, no penalizándolas indebidamente y evitando, en cualquier caso, que se incentiven -por inacción- las malas prácticas que ya se estaban erradicando por el propio sector a lo largo de los últimos años.
