Así pagan los ‘piratas’ de la seguridad: 700 € al mes por custodiar el Ministerio de Defensa

MARSEGUR TIRA LOS PRECIOS POR DEBAJO DEL CONVENIO ESTATAL

Los vigilantes de esta subcontrata se pondrán en huelga a finales de septiembre para denunciar una pérdida de poder adquisitivo de casi 400 euros al mes y continuos retrasos en los pagos.

Pedro no cobra ni cuatro euros la hora por custodiar las instalaciones del Ministerio de Defensa en Madrid. Su nómina asciende a 789 euros brutos al mes con todos los complementos incluidos. Cuanto toca hacer guardia por las noches, le abonan 10 céntimos más, una cantidad idéntica al plus por trabajar los domingos y festivos. Las horas extra se remuneran al mismo precio que las ordinarias, o así se refleja en las tablas salariales de su empresa, Marsegur. Pedro es un nombre ficticio, pero su historia es real.

“Sufrimos una pérdida de poder adquisitivo de casi 400 euros frente al convenio estatal, donde el plus de nocturnidad es de un euro [99 céntimos] y las horas extra se pagan a 7,60 euros”, protesta este vigilante. En efecto, Marsegur ha rebajado los salarios de sus trabajadores casi un 30% si tomamos como referencia el convenio colectivo estatal para empresas de seguridad: 789 euros frente a 1.091 euros al mes.

La brecha afecta a las más de 500 personas que trabajan para el Ministerio de Defensa a través de Marsegur, empresa ganadora de la adjudicación en mayo de este año por “haber presentado la oferta económica más ventajosa en conformidad con los criterios establecidos en el pliego de cláusulas”, como explica el departamento capitaneado por María Dolores de Cospedal tras dejar claro que los tribunales de lo social son los encargados de tomar medidas en caso de que no se respeten los derechos laborales.

Marsegur ha rebajado los salarios de sus trabajadores casi un 30% respecto al convenio estatal.

“No obstante, ello no significa que el órgano de contratación pueda desatender el hecho de que la contratista debe cumplir escrupulosamente las condiciones de prestación del servicio así como la normativa de carácter social, laboral y de Seguridad Social (…) La ejecución del contrato está siendo objeto de un control exhaustivo, recogiendo todas las incidencias y, en su caso, iniciando los procesos informativos que eventualmente puedan dar lugar a la imposición de sanciones”, sostienen fuentes del Ministerio de Defensa. Este periódico también ha contactado con Marsegur, pero no ha recibido respuesta.

Son condiciones ventajosas para las administraciones públicas, pero no para unos trabajadores en apuros para llegar a fin de mes. “El origen nace de la inadecuada forma de contratar seguridad privada, inclusive en ámbitos de máximo riesgo como los aeropuertos, los ministerios o las estaciones de tren”, señala el responsable de Seguridad Privada en UGT, Diego Giráldez. Tanto los sindicatos como la patronal del sector, Aproser, cargan contra las licitaciones ‘tiradas’ de precio que dan cobijo a empresas ‘pirata’ como Marsegur o Seguridad Integral Canaria, en pleno proceso de liquidación.

Pero las empresas no hacen nada ilegal. La reforma laboral de 2012 ampara este tipo de prácticas, al permitir que los convenios de empresa prevalezcan sobre el convenio estatal, o dicho de otra manera, impulsa rebajas salariales que en ocasiones rozan el 50%. Las camareras de pisos lo saben bien, al igual que los vigilantes de seguridad o los reponedores. No obstante, la Justicia está empezando a tomar cartas en el asunto.

«Hay compañeros que todavía no han cobrado el mes de julio», denuncian los vigilantes.

La Audiencia Nacional suspendió el convenio de Marsegur correspondiente a 2014 porque declaró nula la representación sindical de la empresa, decisión ratificada por el Tribunal Supremo. Hizo lo propio con el convenio de 2015 —en vigor actualmente—, pero la empresa recurrió y sigue aplicando las mismas condiciones a la espera de una sentencia. La compañía de seguridad cuenta con unos 1.000 empleados en toda España y facturó 6,7 millones de euros en 2015, un 235% más respecto al año anterior. Así lo refleja su última memoria de cuentas anuales remitida al Registro Mercantil.

También presta servicio a otras instituciones públicas como el Ayuntamiento de Madrid, el Gobierno canario o los ministerios de Empleo, Interior, Hacienda o Economía, si bien los contratos más golosos los ha firmado con Defensa, por un importe de 19 millones de euros en los últimos tres años. El más reciente asciende a 1,9 millones con fecha de mayo.

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