Campaña en contra de las 'Empresas Pirata'

 CAMPAÑA CONTRA LAS EMPRESAS PIRATAS EN SEGURIDAD PRIVADA.

 La Federación de Trabajadores de Seguridad Privada de la USO FTSP-USO  HA INICIADO UNA CAMPAÑA DE DENUNCIAS ANTE LA OPINIÓN PUBLICA, MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y LAS ADMINISTRACIONES, CONTRA LAS EMPRESAS DEL SECTOR DE SEGURIDAD PRIVADA QUE HABITUALMENTE INCUMPLEN EL CONVENIO COLECTIVO NACIONAL, DEFRAUDAN A LA HACIENDA PÚBLICA Y A LA SEGURIDAD SOCIAL,  A TRAVES DE ARGUCIAS LEGALES utilizando la reforma laboral SE DESCUELGAN DEL CONVENIO COLECTIVO NACIONAL o generan convenios de empresa propios , lo que supone en algunos casos una reducción del salario mensual de los trabajadores/as de un 15 o un 30%. La USO estima que puede haber un fraude en el conjunto del sector de Seguridad Privada que supera los 200 millones de Euros.

 El número de trabajadores afectados, a fecha de hoy,  por estas empresas es de alrededor de 17.000, de un total de 80.000 que hay en todo el territorio nacional.

CARTEL DE DEFINICIÓN DE LA LUCHA DE LA FTSP-USO CONTRA LAS EMPRESAS DEFRAUDADORAS

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Iniciamos esta campaña con la empresa SEGURIDAD INTEGRAL CANARIA, de la que es propietario el SR. MIGUEL ÁNGEL RAMÍREZ, a su vez Presidente de la U.D. Las Palmas,  empresa CON MAS DE 5.000 TRABAJADORES EN EL SECTOR.

Posee más  del  70 % de los contratos de las administraciones públicas de las Islas Canarias. Así como contratos que ha accedido  a ellos recientemente con el Ministerio de Defensa, Nuevos Ministerios, Metro Madrid, Patrimonio Nacional.

Recordamos que el Sr. Miguel Ángel Ramírez ha sido condenado en sentencia firme por el Tribunal Supremo e indultado por el anterior Ministro de Justicia. Destacamos que esta empresa es una de las que mayor número de reclamaciones laborales, económicas y penales tiene de sus empleados en todo el territorio español, promovidas en su mayor parte por sus empleados y sindicatos.

La Inspección de Trabajo de distintas provincias está saturada por los reiterados incumplimientos del Estatuto de los Trabajadores, Ley Orgánica de Libertad Sindical, prevención de riesgos laborales, etc. Así como es un viejo conocido en el Ministerio del Interior por los reiterados incumplimientos con la Ley de Seguridad Privada y la normativa que lo desarrolla.

A raíz de una denuncia presentada por la FTSP-USO ante la Audiencia Nacional, esta procedió a judicializar a través del juzgado nº 8 de Gran Canaria, imputando al SR. MIGUEL ÁNGEL RAMÍREZ por un presunto delito de fraude fiscal de los años 2008 y 2009 de 2,4 millones DE EUROS estando pendientes de revisar el resto de años hasta el año 2014. Asimismo se está pendiente del informe de la Tesorería de la Seguridad Social sobre un posible fraude en esta administración. El SR. MIGUEL ÁNGEL RAMÍREZ ha reconocido ante la Unidad Central de Delitos Económicos de la Inspección de Trabajo de Madrid, las diferencias de cotizaciones.

Esta campaña se llevara a cabo en todo el territorio nacional, comenzando en las Islas Canarias (Gran Canaria y Tenerife). Sede central de dicha empresa.

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Esta misma campaña de empresas PIRATA se hará extensible al resto de empresas que tengan las mismas prácticas presuntamente defraudadoras y fraudulentas.

La Comisión Ejecutiva Nacional de la FTSP-USO, así como el conjunto de la organización sindical, hace un llamamiento a las diversas Administraciones y Autoridades Públicas de este país, para que los Concursos Públicos del sector de la Seguridad Privada no tengan como único o principal motivo de adjudicación el tema económico o precio de la hora contratada, ya que ello contribuye a adjudicar los concursos a este tipo de empresas presuntamente defraudadores, y nos conduce a la precariedad laboral y  condena a trabajar a miles trabajadores y trabajadoras de este país por un salario indigno.

Nos parece inconcebible que las Administraciones Públicas sigan adjudicando contratos millonarios a estas empresas presuntamente defraudadoras, contribuyendo con ello a la perdida de bienestar social de miles de trabajadores y trabajadoras españoles.

Debería tomar nota el Presidente de la Comunidad Autónoma Canarias y poner el mismo énfasis que pone en otros problemas, y vigilar las contrataciones públicas que se hacen en su Comunidad.

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