Continua en Galicia el proceso contra la trama de los cursos «fantasma» de los hermanos Hermida.

Casi una veintena de vigilantes afectados ajenos a lo que ocurría, eran trabajadores de una de las empresas de los hermanos Hermida ‘Protección y Vigilancia Galaica’, acabada la instrucción el proceso contra los hermanos continúa, también un apoderado y la directora de la academia donde se produjeron algunos de los hechos.

La juez les atribuye a todos ellos la presunta autoría de un delito de falsedad documental -en documento público u oficial-. A mayores, a los hermanos Hermida y al apoderado también el de infidelidad en la custodia de documentos públicos por la desaparición de cartillas profesionales de vigilantes de seguridad y de explosivos que estaban dados de alta en la empresa.

Con el supuesto engaño, se habría certificado falsamente que 12 de estos trabajadores hicieron un curso de vigilancia en eventos deportivos y espectáculos públicos; que 6 se formaron en inmigración y criminalidad; que otros dos realizaron un curso de trabajo en equipo y, finalmente, que un vigilante -el único empleado al que se certificaron los cuatro cursos- fue a otro de comunicación asertiva.

La pregunta que se hacen es ¿Qué ganaba la empresa con este proceder?

En primera lugar, evitar «los costes» de los cursos obligatorios que las empresas de seguridad privada por ley han de dispensar a sus empleados.

Eludir de este modo ante cualquier denuncia, posibles infracciones administrativas o expedientes sancionadores por no garantizar esta formación.

Y, por último, ofrecer servicios en sectores en los que, de no disponer los empleados de esos cursos, no podrían hacerlo. Por ejemplo, vigilancia en partidos de fútbol.

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