Contratar a ‘piratas’ para la seguridad de una propiedad tendrá fuertes consecuencias económicas: multas de hasta 600.000 euros

LA LEY REFUERZA LAS FUNCIONES DE LOS VIGILANTES.

La multa es triple. Destinada al empleado, a la empresa de seguridad y a la comunidad de propietarios. Contratar a ‘piratas’ para la seguridad de una propiedad tendrá fuertes consecuencias económicas: multas de hasta 600.000 euros que propondrá la Policía, según aseguran fuentes de la Brigada de Seguridad Ciudadana de este cuerpo.

Estas sanciones llegan tras la entrada en vigor de la Ley 5/2014 de 4 de abril de Seguridad Privada. Aún falta por desarrollar el reglamento de esta nueva legislación. Las previsiones apuntan al verano de 2015. En la provincia de Málaga y en concreto en la Costa del Sol Occidental, sobre todo en Marbella y Estepona, donde se concentra una de las más selectas Millas de Oro de las urbanizaciones de lujo de España, es donde la Policía ha localizado más transgresiones a la ley. En seis meses ya contabiliza 26 propuestas de sanción. Nueve de ellas son graves y 17 son “muy graves”.

El artículo 61 de la ley especifica que las multas a las empresas oscilarán entre 30.001 y 600.000 euros, siempre que la infracción se realice “a sabiendas”. ¿Las consecuencias? La extinción de la autorización, o cierre de la empresa o despacho en los casos de declaración responsable. Todo ello supondrá la prohibición de volver a obtenerla o presentarla por un plazo de entre uno y dos años, además de la cancelación de la inscripción en el registro correspondiente. También se contempla la prohibición para ocupar cargos de representación legal en empresas de seguridad privada por un plazo de entre uno y dos años.

Alerta de los administradores de fincas

Los problemas aparecen por la vía del desconocimiento. Las macrourbanizaciones suelen contar con un auxiliar en el control de acceso al recinto, pero las funciones de seguridad no las pueden asumir estos mismos empleados. Las funciones de vigilancia resultan competencia exclusiva de una empresa de seguridad homologada. “Muchas comunidades de propietarios quieren ahorrarse el dinero de un vigilante y contratan a un auxiliar de servicios, el fontanero o el jardinero. Eso es ilegal”, explica el presidente del Colegio Oficial de Administradores de Fincas de Málaga y Melilla,

Fuente: El Confidencial

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