Denuncian «complicidad» de los ayuntamientos de Tenerife y Gran Canaria, con los abusos de Miguel Ángel Ramírez

El polémico Miguel Ángel Ramírez, empresario imputado por un presunto fraude multimillonario a la Hacienda Pública y la Seguridad Social, vuelve a estar en el ojo del huracán. La próxima semana, la Plataforma Sindical y Popular en apoyo a la Plantilla del Grupo Ralons ha convocado sendas concentraciones frente a los ayuntamientos de Las Palmas de G.C. y Sta. Cruz de Tenerife, para denunciar los incumplientos de los convenios que – según dicen – se producen en dicho grupo en las contratas con los dos consistorios capitalinos (…).

Denunciado sistemáticamente por los sindicatos  por “la superexplotación” a la que -según dicen – somete a sus trabajadores, y por «el sistemático incumplimiento del convenio del sector» en Seguridad Integral Canaria, en los últimos tiempos las movilizaciones contra el empresario son cada vez más frecuentes.

El próximo jueves 26 de mayo, la Plataforma Sindical y Popular en apoyo a la Plantilla del Grupo Ralons ha convocado sendas concentraciones frente a los ayuntamientos de LasPalmas de G.C. y Sta. Cruz de Tenerife, para «denunciar la complicidad en la que  -afirman –incurren ambas corporaciones municipales con esta empresa y su propietario», y reclamar que no renueven las contratas de las que actualmente disfruta.

  «Es importante destacar – sostienen desde esta Plataforma – cómo diferentes siglas políticas institucionales  a la hora de la verdad terminan haciendo lo mismo cuando se trata de facilitar a estos empresarios parásitos los abusos contra sus trabajadores. Ya sea el tripartito PSOE-Nueva Canarias- LasPalmas de GC Puede en la capital gran canaria o el grupo de gobierno de Coalición Canaria y el PP en el Ayuntamiento de Sta. Cruz de Tenerife». «Ambas corporaciones  -añaden  –siguen otorgando contratas de sus servicios a empresas como el Grupo Ralons y similares, sin ningún tipo de supervisión».

JACINTO ORTEGA (IC), ¿DE SINDICALISTA COMBATIVO A CONCEJAL «PASIVO»? 

La Plataforma Sindical y Popular destaca, especialmente, el caso del Ayuntamiento de Las Palmas de G.C., donde uno de los concejales que en breve tendrá que decidir si se le renuevan las concesiones a Miguel Ángel Ramírez fue, hasta hace muy poco tiempo, uno de los sindicalistas que más duramente denunciaba las malas prácticas del empresario.

«Actualmente – dicen – el Grupo Ralons posee la mayor contrata de servicios del Ayuntamiento, por un valor de más de 100 millones al año«.

«El concejal de Podemos Jacinto Ortega, hasta hace poco uno de los sindicalistas más

combativos frente a Miguel Ángel Ramirez, tendrá que decidir  si renueva la contrata que

el empresario tiene para prestar el servicio de Ayuda a Domicilio»

  «Y se da la circunstancia  -explican – de que en que en las próximas semanas se deciden diferentes servicios por valor de más de 40 millones de euros, entre ellos los de Ayuda a Domicilio, vinculados con la concejalía de servicios sociales que dirige Jacinto Ortega, del partido Podemos -Las Palmas de G.C. Puede-, hasta hace poco uno de los sindicalistas más combativos frente a Miguel Ángel Ramírez«.

   Como delegado de Intersindical Canaria, en efecto, Jacinto Ortega del Rosario se destacó, antes de dar el salto a la política de la mano del partido instrumental de Podemos en Las Palmas, por sus durísimas denuncias contra Ramírez.

      «Esta empresa no respeta ningún derecho laboral, ni respeta a los trabajadores, que son los que al final incrementan su poder económico. Además, ha impuesto un convenio que  nos ha hecho retroceder 25 años en el sector de la Seguridad Privada. En Seguridad Integral Canaria son constantes las amenazas a los trabajadores, las coacciones y no se respeta ni el derecho a estar sindicalizado»  -manifestaba Ortega a Canarias-semanal, en una manifestación celebrada contra el poderoso empresario el 9 de enero de 2015.

      CUANDO JACINTO ORTEGA DENUNCIABA LA «COMPLICIDAD DE LAS ADMINISTRACIONES CON MIGUEL ÁNGEL RAMÍREZ»

Pero las críticas del hoy concejal de Las Palmas de G.C. Puede no se circunscribían aSeguridad Integral Canaria. 

En una rueda de prensa celebrada en diciembre de 2014, Ortega denunciaba  «el historial de incumplimientos y abusos contra los trabajadores cometidos por Miguel Ángel Ramírez tanto en SIC como en las demás empresas del Grupo Ralons«.

«Los abusos de Miguel Ángel Ramírez son posibles por la complicidad de las diferentes

  administraciones en Canarias y el resto del estado, aseguraba el concejal cuando ejercía

como delegado de Intersindical Canaria»

Significativamente, el sindicalista de IC apuntaba también, en aquella ocasión, que «los abusos de Ramírez solo eran posibles por la complicidad de las diferentes administraciones en Canarias y el resto del estado”

   “Le siguen adjudicando millonarios contratos  -aseguraba –  a pesar de sus antecedentes judiciales y de la evidencia de que el crecimiento económico de su grupo empresarial se sustenta en la sobre explotación y abuso constante contra las personas que trabajan para él».

   «Esta trayectoria –afirma a Canarias Semanal un trabajador del Ayuntamiento capitalino que prefiere mantener el anonimato- hizo que muchos nos creyéramos su promesa cuandoJacinto, junto a Sergio Millares, prometió públicamente que si llegaban a gobernar el municipio harían una exhaustiva auditoría sobre las contratas concedidas a Ramírez y pondrían las cosas en su sitio». 

«Durante la campaña electoral, Jacinto y Sergio Millares prometieron una exhaustiva

auditoria sobre las contratas de Ralons, hoy nos desayunamos con declaraciones de

Jacinto en las que dice estar muy satisfecho con la empresa de Miguel Ángel Ramírez»

      «Sin embargo  esa promesa, como otras, parece que ya se ha olvidado. Por si esto fuerapoco- manifiesta sin ocultar su decepción este empleado público- una mañana nos desayunamos con unas declaraciones de Jacinto a un periódico local, en las decía que estaba muy satisfecho con el cumplimiento de Ralons en el contrato de servicio de ayuda a domicilio».

   «Y eso  -añade – que nos consta que las compañeras que trabajan en ese servicio deben estar permanentemente alertas y movilizadas para cobrar sus salarios».

       «La verdad es que no acabo de comprender qué poderoso influjo producen los cargos institucionales para cambiar tan rápidamente la forma de pensar y proceder de quienes llegan a ellos. O quizá sea – concluye este funcionario – que prefiero no imaginarlo».

Fuente: canarias-semanal.org