El Congreso en la reforma del Código Penal.

El Pleno del Congreso aprobará esta semana la reforma del Código Penal que introduce la prisión permanente revisable e incorpora medidas anticorrupción como el delito de financiación ilegal de los partidos y la obligación a los corruptos de devolver el dinero sustraído para salir de prisión.

Un año y cuatro meses después de su aprobación por el Gobierno, el texto enfila la recta final de su tramitación parlamentaria, tras el dictamen de la ponencia que fue aprobada la pasada semana por la Comisión de Justicia de la Cámara con el voto en contra de toda la oposición.

Tras el visto bueno del Pleno del Congreso, el texto pasará al Senado que tendrá que refrendar una reforma que se puede convertir en el gran proyecto estrella del Ministerio de Justicia aprobado por las Cortes en esta legislatura, ante la ausencia de tiempo que no permiten reformas de calado en año electoral, tal y como sostiene el ministro de Justicia, Rafael Catalá.

Así, la votación  se presenta como un trámite dado que las posiciones de los grupos están totalmente definidas y el reglamento de la cámara dificulta la introducción de modificaciones al texto, si no cuentan con el aval de todos los grupos del arco parlamentario, lo que se antoja improbable.

Por lo tanto, habrá que esperar al Senado para conocer si se realizan cambios en el articulado, especialmente en el asunto de la edad de consentimiento sexual, en el que el PP ha dejado la puerta abierta a un acuerdo con el resto de grupos, pese a que en el debate en comisión rechazó todas las enmiendas que pedían rebajar de los 16 a los 15 años la propuesta que figuraba en la reforma.

Sí admitieron los populares más de 300 enmiendas de las 900 que fueron presentadas por los grupos al texto, que ha sido impulsado definitivamente con la llegada de Catalá al departamento de Justicia tras más de un año en los cajones del Congreso.

Eso sí, el texto que se votará hoy no incluye una de las medidas más polémicas que figuraban en la propuesta original del exministro Gallardón, como la regulación de las medidas de seguridad a los expresos que prorrogaban indefinidamente el tiempo de internamiento de personas con trastorno mental, atendiendo a una supuesta peligrosidad de las mismas al finalizar la condena.

Se trata de la segunda gran medida del proyecto original de Ruiz-Gallardón a la que renuncia el Gobierno tras eliminar la custodia de seguridad, que era una medida privativa de libertad para casos excepcionales, que se hubiera aplicado una vez cumplida la pena de prisión.

Tampoco se votará todo el bloque de enmiendas referentes a la lucha contra el terrorismo yihadista que habían incorporado los populares, tras aceptar la propuesta de los socialistas de negociarlas por separado por medio de una proposición de ley urgente, abierta al consenso de todos los grupos de la Cámara.

Fuente:  (EFE)

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