El dueño de Seguridad Integral Canaria deberá pagar seis millones de euros a sus trabajadores tras ser condenado por el TS

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  • El Supremo anula una rebaja salarial que la empresa pactó sólo con un sindicato independiente formado por mandos intermedios
  • Miguel Ángel Ramírez se enfrenta a un posible delito contra la Seguridad Social por las cuotas que se ahorró al escatimar 13.000 euros anuales a cada vigilante
  • Usó el mismo procedimiento en otras dos empresas para firmar convenios de 10 años de duración, cinco años de congelación salarial y con sueldos mínimos

El dueño de Seguridad Integral Canaria, Miguel Ángel Ramírez, deberá pagar al menos seis millones de euros a sus trabajadores canarios tras anular el Tribunal Supremo (TS) una rebaja salarial que el empresario pactó con un comité ilegal constituido por un sindicato independiente que integraban sólo jefes y mandos intermedios.

Ramírez es el empresario a quien investigó por fraude fiscal y a la Seguridad Social la ex jueza Victoria Rosell, en excedencia desde el pasado octubre para presentarse en las listas de Podemos. El creador del grupo Ralons firmó un contrato de 300.000 euros con el marido de la jueza, Carlos Sosa, para alquilar una frecuencia de radio de Clan de Medios, empresa propiedad de este periodista. Con ella pretendía que siguiera en el aire UD Radio, la emisora de la Unión Deportiva Las Palmas, que preside desde 2005. La Fiscalía debe dilucidar ahora si Victoria Rosell debió abstenerse de instruir la causa contra Miguel Ángel Ramírez porque su esposo estaba negociando un contrato con el empresario mientras ella le investigaba. Ya antes el Ministerio Público se había quejado de los retrasos en la instrucción del caso, que comenzó en enero de 2014.

Antes del próximo viernes el empresario debe depositar 35 millones de euros de fianza en el Juzgado número ocho de Las Palmas. Si no lo hace, el sustituto de Rosell, Santiago Alba, puede decretar el embargo de los bienes de Ramírez.
El juez investiga si el empresario canario paga a sus vigilantes jurados las horas extraordinarias como si fueran dietas. De esa forma, evita tributar a Hacienda y cotizar a la Seguridad Social por las primeras. Las segundas no sólo están exentas de pago por ambos conceptos, sino que también son deducibles en el impuesto de sociedades. Así, el fraude puede ascender a 13 millones de euros desde 2008 hasta 2013 sólo en lo que a la Seguridad Social se refiere. El sindicato USO eleva la cifra hasta los 40 millones.
Pero no es el único de sus problemas judiciales. Ramírez también está imputado por cohecho en el caso ‘panda’, y por estafa y apropiación indebida por falsear las facturas que expedía a AENA a cambio de encargarse de la seguridad del aeropuerto Reina Sofía de Tenerife Sur.
Donante del PP, el propietario del grupo Ralons tiene buenas relaciones con el ministro de Industria, José Manuel Soria, también canario. En 2011 Ramírez fue condenado a tres años de cárcel por delito urbanístico e indultado por el Gobierno posteriormente. No obstante, el Supremo anuló la medida de gracia el pasado mes de julio, a instancias de un recurso presentado por Ecologistas en Acción.
Un sindicato que acepta todo lo que propone la empresa

Pues bien, el Tribunal Supremo ha anulado ahora el descuelgue del convenio colectivo estatal de seguridad privada que la empresa pactó en 2012 con una comisión negociadora que ahora la sentencia considera “ilegítima”. La integraba sólo parte del comité de empresa, en concreto un sindicato denominado Plataforma Independiente de Trabajadores, a su vez formado exclusivamente por mandos intermedios de Seguridad Integral Canaria.
El TS asegura que la negociación para el descuelgue –no aplicar algunos de los artículos del convenio colectivo, como los referidos al salario o la jornada– no fue tal. Los representantes de los trabajadores, explica, fueron “simples receptores” de los documentos que les entregó la empresa para justificar las causas económicas de la medida. En ninguna de las reuniones los miembros del sindicato independiente pidieron a la empresa “explicaciones sobre los motivos” por los que ésta quería recortar el salario a la plantilla. Por el contrario, añade la sentencia, se limitaron a “aceptar las proposiciones impulsadas y promovidas por la empresa”.

13.000 euros por trabajador y sus cotizaciones sociales

Tras la sentencia, que es firme, Seguridad Integral Canaria deberá abonar a sus trabajadores en las islas la parte de los salarios que dejaron de cobrar en los tres últimos años. Según los cálculos de Alternativa Sindical Canarias de Trabajadores de Seguridad Privada, la cantidad puede alcanzar los 13.000 euros por trabajador. Sólo en Las Palmas la empresa de Miguel Ángel Ramírez cuenta con un millar de empleados. Sergio Hernández, responsable de este sindicato, uno de los que impugnó el acuerdo de descuelgue, cree que sólo la mitad de ellos reclamarán ahora ese dinero. “Hay mucho miedo”, aclara. Si todos ellos lo solicitaran, Ramírez debería pagar, por tanto, hasta 12 millones de euros.
No obstante, el secretario de Organización de la Federación de Seguridad Privada de USO en Las Palmas, Basilio Alberto Febles, cree que la anulación puede afectar también a los empleados de la empresa en Tenerife y en otros centros de trabajo. En el archipiélago canario, Ramírez emplea a más de 2.200 personas. Además, Febles cree que la Seguridad Social debe ahora reclamarle al empresario las cotizaciones que dejó de pagar estos tres años por las cantidades escatimadas a la plantilla. Si la cuantía defraudada a la Seguridad Social supera los 50.000 euros, Ramírez ha cometido un delito por el que puede ser condenado hasta a seis años de cárcel.
Tras esta sentencia, Seguridad Integral Canaria puede ser de nuevo condenada por el Supremo, una vez que el tribunal ha ratificado la ilegitimidad de la comisión a la carta con que Miguel Ángel Ramírez pacta las condiciones laborales en su empresa. Los sindicatos también han impugnado el convenio colectivo de empresa que Ramírez acordó con la Plataforma Independiente de Trabajadores y que ya fue anulado por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias basándose en los mismos argumentos que deslegitiman el descuelgue salarial.
Convenios a la carta en otras empresas.

De hecho, la sentencia descubre la gestión laboral de Miguel Ángel Ramírez en sus empresas y puede tener efecto en otras demandas similares aún pendientes en los tribunales. Además de Seguridad Integral Canaria, Ramírez ha creado otras dos empresas, Marsegur y Sinergias de Vigilancia y Seguridad, que los sindicatos consideran sus “marcas blancas”. Las dos comparten administradores y apoderados, entre ellas y con el grupo Ralons. Ambas han firmado sus propios convenios de empresa este año, con sindicatos independientes de trabajadores. Y ambas rebajan sustancialmente los salarios y condiciones laborales establecidos en el convenio colectivo del sector. El de Marsegur ya ha sido denunciado por el sindicato USO y el de Sinergias lo será en enero, asegura Febles.

El contenido de estos convenios es ciertamente llamativo. Su duración es inusual: 10 años. Hasta 2024 y 2025, respectivamente. El de Marsegur establece una congelación salarial durante los tres primeros años de vigencia. El de Sinergias, nada menos que cinco años sin subida. Además, este último fija un salario base de sólo 660 euros mensuales brutos, poco más que el Salario Mínimo Interprofesional y un 27% inferior al establecido en el convenio del sector. Como también son muy inferiores los pluses de peligrosidad, transporte, vestuario, festivos o nocturnidad, la diferencia salarial asciende hasta el 40% entre Sinergias y el convenio sectorial. Por ejemplo, Sinergias sólo paga de plus de nocturnidad seis céntimos la hora, 18 veces menos que las empresas acogidas al convenio estatal. En total, el salario bruto de un vigilante de seguridad de esta empresa se sitúa entre 9.660 y 11.299 euros brutos al año como máximo.

Las condiciones de Marsegur son sólo un poco mejores: el sueldo base alcanza los 726 euros mensuales y el tope bruto anual, los 10.768 euros, un 32% por debajo del convenio sectorial. El plus de nocturnidad, 10 céntimos la hora, 11 veces inferior al fijado en el convenio estatal.
En el caso de Seguridad Integral Canaria, Ramírez ha recortado los salarios de cada uno de sus vigilantes en unos 300 euros al mes gracias al descuelgue ahora anulado, explica Sergio Hernández.
Competencia desleal.

Apoyadas en estos salarios mínimos, las firmas de Miguel Ángel Ramírez han ganado numerosos concursos públicos, según denuncian tanto los sindicatos como el resto de las empresas del sector. Los primeros no dudan en hablar de “competencia desleal” y “empresas pirata”, los segundos critican que Ramírez, y otros empresarios, aprovechen un mecanismo legal para tirar los precios. La reforma laboral introdujo el descuelgue del convenio sectorial y la prioridad de los convenios de empresa, pero “en un sector intensivo de mano de obra como el de la vigilancia, en el que los costes de personal suponen el 85% del gasto de la empresa, se está permitiendo una barbaridad”, protesta Ángel Córdoba, presidente de Aproser, que agrupa a unas 1.500 compañías. Si, a continuación, las administraciones públicas utilizan como único criterio de adjudicación en los concursos el precio, se produce la tormenta perfecta: los contratos se los llevan las empresas que ofrecen sueldos un 30% por debajo de los fijados en el convenio estatal. Según Basilio Alberto Febles, este año el 80% de los concursos públicos de seguridad han sido adjudicados a empresas que practican este dumping salarial.
Así, el pasado 26 de noviembre, el Ayuntamiento de Madrid adjudicó a Sinergias de Vigilancia y Seguridad la protección de los edificios municipales en el distrito de San Blas-Canillejas. Los consiguió por 218.757 euros, con una rebaja de casi el 26% sobre el precio de licitación. Marsegur ha conseguido la vigilancia del Instituto Madrileño del Menor y la Familia y de las sedes del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) tanto en Madrid como en Tenerife y Las Palmas. También la de los edificios del Área de las Artes, Deportes y Turismo del Ayuntamiento de Madrid, por importe de 1,8 millones de euros. El precio de la hora de trabajo de cada vigilante oferta por esta empresa fue de 13,09 euros, tanto la diurna como la nocturna. Según el representante de USO, una empresa vinculada al convenio del sector paga unos 17 euros la hora.

Los vigilantes de los centros de Madrid Salud, dependientes del Ayuntamiento, son también de Marsegur –954.048,28 euros–, al igual que los que guardan las dependencias del distrito de Moncloa-Aravaca, la Coordinación General de la Alcaldía de Madrid y la sede de los Servicios de Urgencias (SUMMA 112) de la Comunidad de Madrid. Todos estos contratos son de 2014.
También una patronal “a medida”

Ángel Córdoba apunta que más del 10% de los trabajadores del sector tienen convenios de empresa o han sufrido descuelgues salariales. USO cuenta 16 empresas con convenio propio y otras 16 con descuelgues. Al menos en cuatro casos, el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional han anulado los descuelgues: Magasegur, Viriato, Ariete y Seguridad Integral Canaria.
Miguel Ángel Ramírez no sólo utiliza comités de empresa “a medida”. También ha creado una patronal propia. Para pertenecer a Aproser, la principal asociación del sector junto con la Federación Empresarial Española de Seguridad (FES), las empresas deben respetar las condiciones del convenio sectorial. Así que en septiembre de 2014 nació la Asociación de Compañías de Seguridad Privada (Acosepri), integrada sólo por las cuatro empresas de Ramírez: Seguridad Integral Canaria, Power SIC, Marsegur y Sinergias.

Así puede acceder a subvenciones o cursos de formación y participar en la negociación colectiva, explica el portavoz de USO.

Fuente: infolibre.es

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La juez Rosell, Miguel Ángel Ramírez, Carlos Sosa y la «progresía» de Podemos.

El pasado fin de semana se conocía la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Canarias de ordenar a la Fiscalía que «aparque» hasta después de las elecciones  la investigación abierta a Victoria Rosell,  juez en excedencia y candidata de Podemos al Congreso por Las Palmas. Como se recordará, la fiscal Evangelina Ríos investiga a Rosell para determinar si dilató una causa contra el presidente de la UD Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, coincidiendo con la compra del empresario de una emisora de radio a su pareja Carlos Sosa.

Los cuatro colegas de Rosell decidieron, por la vía de urgencia, adoptar esta medida solicitada por la magistrada, para «proteger los derechos fundamentales» de la cabeza de lista del partido de Pablo Iglesias por Las Palmas. En su auto, el TSJ de Canarias acuerda también dar tres días de plazo a la Fiscalía para que presente sus alegaciones al recurso. Posteriormente, resolverá si mantiene la protección sobre Rosell y confirma la suspensión de toda acción del ministerio público hasta que se celebren las elecciones del próximo 20 de diciembre.

Más allá de la consideración que nos pueda merecer un dictamen que, en cualquier caso,  no se ha aplicado con anterioridad a otros políticos, lo cierto es que un somero conocimiento de la «Justicia» española basta para augurar que la investigación abierta contra Maria Victoria Rosell tiene todas las papeletas para quedar en agua de borrajas. Sin que de ello puede inferirse sin más, obviamente, la inocencia de la investigada.

Una operación dudosa llevada en secreto

Aunque los aspectos presuntamente delictivos de esta turbia historia todavía son objeto de investigación, y no existen garantías de que podamos llegar a conocer la verdad sobre ellos, existen otros hechos conocidos que deberían ser sometidos a la reflexión pública.

La Fiscalía sigue indagando, en efecto, en la instrucción que dirigía Rosell contra  Miguel Ángel Ramírez, imputado por una presunta estafa a Hacienda y la Seguridad Social de más de 20 millones de euros, para saber si la juez evitó actuar contra él, otorgándole un presunto «trato de favor», al tiempo que el empresario y la pareja de la juez, el periodista Carlos Sosa,  pactaban una operación por la que éste último se embolsaría la friolera de 300.000 euros.

Cabe señalar a este respecto que el pasado fin de semana, el juez que sustituye a María Victoria Rosell en este caso imponía a Ramírez una fianza de 35 millones de euros, atendiendo a las solicitudes de las acusaciones personadas en esta causa. Estas peticiones estaban pendientes desde el 29 de abril de 2014.

Una circunstancia que tuvo en cuenta la Fiscal Evangelina Ríos a la hora de abrir la investigación sobre las posibles irregularidades en la actuación de  Rosell.

Pero, más allá de estos aspectos judiciales, es también un hecho objetivo la operación mediante la cual Carlos Sosa puso en manos del influyente empresario – ya condenado por otro delito e imputado por el Ejecutivo Rajoy- una licencia de radio obtenida por el periodista por sus estrechos vínculos con el PSOE, partido miembro del Gobierno canario.

Los casi 50 millones de las antiguas pesetas que la transacción reportaron a Sosa constituyen, según los entendidos en la materia, un precio significativamente superior al del mercado. Así parece corroborarlo, efectivamente, el contrato que antes  había suscrito el propio Carlos Sosa con Fernando Ortega, director de Todo radio, a  quien había cedido la utilización de la frecuencia de Canarias Ahora Radio por solo 60.000 euros  durante un periodo de 10 años.

Según declaraciones del propio Ortega, el 6 de octubre llegó a un acuerdo con  UD Radio para la explotación conjunta de la frecuencia y fue este momento, cuando Rosell aún se encargaba de la causa de Miguel Ángel Ramírez, cuando Carlos Sosa «maniobró para arrebatarle la operación».

Según consta en una declaración de Fernando Ortega -publicada por el diario derechista  El Mundo –  Sosa se dispuso a realizar el mismo el negocio y el 14 de octubre le confirmó que ya lo había cerrado por el importe de 300.000 euros.

El 28 de octubre, Carlos Sosa recibía 101.500 euros mediante transferencia bancaria desde una cuenta de Miguel Ángel Ramírez a nombre de la empresa Clan de Medios, en concepto de adelanto por el arrendamiento de la frecuencia. El resto del dinero hasta la cantidad acordada se pagaría en cuotas mensuales hasta el final del contrato.

No son pocos los que, atendiendo a la enorme diferencia de precio abonada por el “capo” de la Seguridad Privada al periodista, han visto en la transacción el pago de algo más que una licencia de radio. Sea como fuere, no es ningún secreto que el control de los medios de comunicación, mediante los pagos directos o indirectos de la publicidad, constituye uno de los frentes que debe cubrir cualquier capitalista que se precie. Especialmente, cuando sus prácticas presuntamente delictivas requieren un continuo lavado de imagen.

Significativamente, toda la operación entre Carlos Sosa y Miguel Ángel Ramírez se llevó en el más absoluto secreto. Hasta tal punto, que el Gobierno de Canarias ha incoado un expediente informativo a la empresa del periodista  por no haber puesto éste en su conocimiento el acto jurídico que se formalizó en relación a la licencia.

 

La progresía “transformadora” y los capos empresariales

Por encima de estos detalles concretos, los vínculos de relaciones entre el capo empresarial imputado y condenado, el periodista “progre», la juez estrella de Podemos y sus compañeros de partido de la vieja “izquierda” isleña vienen a poner de manifiesto una realidad sociológica que, hasta el momento, nadie ha señalado al referirse a este polémico caso.

Reflejan, de manera evidente, como el ascenso político de esa confusa y  difusa “izquierda” integrada por miembros de la pequeña burguesía isleña, históricamente  subordinada a las clases dominantes del Archipiélago, no supondría ninguna mejora sustancial para las mayorías que, a falta de otros referentes auténticamente populares, han depositado en ellos sus esperanzas de cambio.

Y, porque no decirlo, también la verdadera calidad moral de esta informe amalgama de abogados, sindicalistas subvencionados, jueces, periodistas, militares y trepas del montón,  que ha visto en la nueva formación socialdemócrata de Pablo Iglesias una magnífica oportunidad de colocación.

Fuente: canarias-semanal.org

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