El gerente de Alcor obligaba a firmar documentos en blanco a sus trabajadores como mecanismo para doblegar su voluntad

Basilio A. Febles, secretario general de la Federación de Trabajadores de Seguridad Privada de USO, manifiesta a que el sindicato «tuvo que iniciar acciones penales contra esta empresa pirata del sector, ya que no cumple con la normativa legal» y avanza que su organización sindical «seguirá tomando acciones penales contundentes contra las compañías que la infrinjan».

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Monforte de Lemos (Lugo) ha decretado la apertura de juicio oral contra Carlos Somoza, gerente de la empresa de seguridad Alcor, como supuesto autor de un delito contra los derechos de los trabajadores.

La Fiscalía considera que, de 2011 a 2015, Somoza y otros responsables de la mercantil vulneraron los «derechos mínimos» de sus empleados. Por ello, solicita para él tres años y tres meses de prisión, junto a una multa de diez meses a razón de 12 euros diarios (unos 3.600 euros).

En un auto, fechado el pasado mes de diciembre y al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, el juez también manda a juicio a María Belén GonzálezAntonio Francisco SolerElizabeth Somoza (hija de Carlos Somoza) y Josefa Raquel Álvarez (esposa de éste), considerados por el Ministerio Público «cooperadores necesarios» del delito y para quienes pide penas de cárcel que van desde los dos años y medio hasta los tres.

El Juzgado también ha decretado la apertura de juicio oral contra María Susana Rodríguez —contra quien no se dirigía la Fiscalía, sino la acusación popular—, como administradora de la mercantil Alcor Seguridad S. L. Todos ellos ejercían distintas responsabilidades en la empresa.

En su escrito de conclusiones provisionales, el Ministerio Público sostiene que, aunque Carlos Somoza «no figura como administrador de derecho» de Alcor, «a la fecha de los hechos, desarrollaba su actividad en la entidad como gerente de la misma, ostentando de facto la dirección y administración de la empresa».

La Fiscalía fundamenta su petición en las declaraciones ante la Policía Nacional de varios extrabajadores de Alcor, empresa dedicada a la vigilancia, protección y seguridad y que ha gozado, desde su creación en julio de 2008, de decenas de contratos con la Administración Pública. Entre otros, la mercantil fue la responsable de vigilar las obras del AVE Madrid-Galicia o la denominada Y vasca.

El Ministerio Público atribuye a los acusados una «vulneración de los derechos mínimos irrenunciables» de los trabajadores, que incluiría «imposiciones de largas jornadas laborales sin respeto a los descansos establecidos», abono de las horas extra a un precio menor del estipulado o la «exigencia empresarial de firmar documentos en blanco (…) como mecanismo para doblegar la voluntad de los trabajadores».

Varios extrabajadores de Alcor, cuyos testimonios recoge el escrito de Fiscalía, relataron que fueron obligados a firmar documentos en blanco sin saber qué finalidad iban a tener. Y la fiscal asegura que esta circunstancia habría sido «posteriormente empleada por los acusados (…), quienes proferían [a los empleados] expresiones tales como: ‘Recuerda que el finiquito ya está firmado’ o ‘Si tienes pensado denunciar a la empresa, recuerda que has firmado hojas en blanco’«.

Según el Ministerio Público, el gerente de la empresa impuso estas condiciones a algunos de sus trabajadores «abusando de la situación de necesidad en la que los mismos se encontraban».

Uno de los antiguos empleados —contratado de 2008 a 2013— declaró haber estado diez semanas seguidas trabajando sin libranzas y haber realizado turnos de veinticuatro horas durante quince o veinte días consecutivos, viviendo en una caseta de obra. Otros narraron que no pudieron cobrar pluses de nocturnidad y antigüedad ni horas extras. 

Por su parte, la Unión Sindical Obrera (USO), que ejerce la acusación popular, solicita penas mayores para los acusados: seis años de prisión para Carlos Somoza, cuatro para María Belén González, tres años y seis meses para Susana Rodríguez, Antonio Soler y Elizabeth Somoza.

Asimismo, a petición de la fiscal, el Juzgado de Instrucción decreta el archivo de la causa contra Noelia Somoza, otra de las hijas de Josefa Álvarez y Carlos Somoza.

Incidente de nulidad

Por su parte, la defensa de este último, dirigida por el letrado Ignacio Martínez-Arrieta, del despacho Gómez de Liaño & Márquez de Prado, ha presentado un incidente de nulidad contra el auto de apertura de juicio oral, contra el que no cabe recurso.

Con él, se oponen a la inclusión «sorpresiva» y «extemporánea» de María Susana Rodríguez (como administradora de Alcor Seguridad S. L.) en el auto. Acudió a declarar en 2018, aquella comparecencia fue declarada nula y posteriormente no volvió a ser citada.

La defensa reitera, además, que el delito contra los derechos de los trabajadores, tipificado en el artículo 311 del Código Penal, no contempla a las empresas.

La Fiscalía no se dirigió ni contra la mercantil Alcor Seguridad ni contra Rodríguez, aunque esta última sí fue incluida en el escrito de acusación de la Federación de Trabajadores de la Seguridad Privada de la Unión Sindical Obrera (FTSP-USO).

Detenido en 2015

Carlos Somoza fue detenido por la Policía Nacional en octubre de 2015 por supuestos delitos contra los derechos de los trabajadores, contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social y de blanqueo de capitales. Todo ello se inició con una denuncia presentada por el sindicato USO.

Tras la detención, el proceso se desgajó en varias piezas separadas. Ésta es la última que queda abierta. En 2018, el Juzgado no encontró pruebas de delito fiscal en la gestión de la empresa y archivó esta causa provisionalmente. Tampoco, de la supuesta revelación de secretos de la que se acusó a Antonio Francisco Soler, uno de los directivos de la mercantil. Un año después, también se cerró la pieza por el presunto tráfico de influencias.

Basilio A. Febles, secretario general de la Federación de Trabajadores de Seguridad Privada de USO, manifiesta a EL ESPAÑOL que el sindicato «tuvo que iniciar acciones penales contra esta empresa pirata del sector, ya que no cumple con la normativa legal» y avanza que su organización sindical «seguirá tomando acciones penales contundentes contra las compañías que la infrinjan».

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