El Gobierno creará listas negras de usuarios violentos con los funcionarios.

Perder los nervios y la educación ante el funcionario de turno puede dejar de ser en breve ese “desahogo” con el que muchos tratan de justificar su actitud para convertirse en una marca de la vergüenza.El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas se está planteando muy seriamente la idea de crear listas negras en todas las oficinas de atención al público de la Administración con el doble objetivo de tener fichados a los usuarios que se comporten reiteradamente de forma amenazante o directamente violenta, y de prevenir posibles agresiones a los funcionarios públicos, según informa eldiario.es.

De hecho, el último borrador del Protocolo de Actuación frente a la Violencia en el Trabajo en la Administración General del Estado en el que está trabajando la Dirección General de Función Pública, dependiente del Ministerio de Cristóbal Montoro, prevé el establecimiento de “sistemas internos de identificación de reincidentes en la realización de conductas violentas”.

Según el documento gubernamental, al que ha tenido acceso eldiario.es, estos registros únicamente tendrían como objetivo “poder dirigir a estas personas para que sean atendidas por empleados advertidos de antemano” y convenientemente preparados para actuar ante situaciones que puedan degenerar en violentas.

Sin embargo, Marian Mur, secretaria técnica de Igualdad de CSIF, sindicato promotor de este protocolo, considera que la Administración debería ser más ambiciosa y aprovechar esta información para llevar ante la instancia administrativa o judicial que corresponda a las personas que se comporten de manera violenta con los funcionarios públicos.

La violencia en el trabajo no es un riesgo laboral

Según la portavoz sindical, hasta ahora en la mayoría de los casos esta clase de actitudes no han acarreado ningún tipo de sanción, y cuando ha existido ha sido tan testimonial que su poder disuasorio es casi nulo.

“Es cierto que los propios funcionarios denunciamos poco, por miedo a represalias o incluso porque tramitar este tipo de denuncias es costoso económicamente y muchos consideran que no merece la pena, pero tampoco ha ayudado que la violencia sobre el personal público nunca se haya considerado como un riesgo laboral”, denuncia Mur.

Aunque no existen datos sistematizados al respecto, la sensación que se tiene en CSIF es que las agresiones y las amenazas han crecido exponencialmente con motivo de la crisis.

Trabajos particularmente expuestos, como los puestos de atención al público de las oficinas públicas de empleo, la Seguridad Social o la Agencia Tributaria o los encargados de comunicar notificaciones de embargo o realizar registros han vivido un incremento de las tensiones con los usuarios que hasta ahora la Administración ha ignorado.

Hace un par de semanas, el Ministerio de Hacienda anunció su intención de poner en marcha un protocolo de actuación ante este tipo de situaciones. El sindicato CSIF lleva exigiendo ese protocolo más de dos años.

En el borrador en el que está trabajando Hacienda se recoge la creación de esas listas negras de usuarios violentos en las oficinas de la Administración, pero también otras medidas de carácter proactivo, reactivo y de apoyo a las víctimas de violencia.

Entre las primeras destacan la mejora de las medidas organizativas y la mejor distribución de los recursos humanos para prestar una atención lo más eficaz posible y evitar esperas innecesarias que degeneren en situaciones de tensión.

Entre las segundas, destaca la definición de un protocolo de actuación ante situaciones potencialmente violentas, que incide en que el funcionario mantenga la calma, avise al vigilante de seguridad que haya en la oficina y, si fuera necesario, reclame la presencia en la oficina de los Cuerpos de Seguridad del Estado.

“Todas ellas son medidas necesarias que contribuirán a mejorar la situación”, asegura Marián Mur. “Pero nosotros nos daríamos por satisfechos con que, al menos, se cumpliera el principio de que hubiera algún vigilante de seguridad en todas las oficinas de atención al público. A día de hoy, sigue habiendo lugares donde no los hay”.

eldiario.es

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