El Supremo investiga (Imputa) a Rosell por tres delitos. «La conspiración que no era tal».

ramirez rosell y sosa

El Supremo investiga a Rosell por tres delitos.

Indagará si la juez favoreció los negocios de su pareja con un empresario al que tenía imputado.

El tribunal resolvió ayer admitir a trámite parte de la querella interpuesta por el ex ministro José Manuel Soria contra la juez en excedencia.

Por contra, rechazó seguir adelante por los delitos de injurias y calumnias que también figuraban en la querella. Rosell afirmó que la investigación que le había abierto la Fiscalía era «un intento» de Soria de acabar «con un rival político». El Supremo estima que esas palabras estaban amparadas por la libertad de expresión, más aún al tratarse de cargos públicos.

De esta forma, la investigación a la máxima figura de Podemos en el ámbito judicial se centrará en su actuación como responsable del Juzgado de Instrucción número 8 de Las Palmas. Más en concreto, en cómo manejó la causa en la que mantenía imputado a un empresario que, según las investigaciones, hacía negocios con la pareja sentimental de la juez. Los magistrados explican que el juez instructor deberá ahora investigar «si la demora en la tramitación estuvo relacionada con el deseo de favorecer las relaciones comerciales» entre la pareja de Rosell y el empresario imputado, Miguel Ángel Ramírez.

Si fuera así, supondría un primer delito de retardo malicioso, castigado con hasta cuatro años de inhabilitación.

El auto, del que ha sido ponente el presidente de la Sala, Manuel Marchena, prosigue explicando que también deberá aclararse si, «más allá de su cobertura formal, incluso de su aparente procedencia», las decisiones que tomó la hoy diputada «no eran sino el vehículo para la consecución del objetivo de la señora Rosell, que según el querellante buscaba enriquecer a su pareja».

Es decir, de comprobar «si bajo la dilatada tramitación de aquel proceso se escondía un distanciamiento tal del principio de imparcialidad que las decisiones adoptadas no habrían sido sino una coartada llamada a camuflar el irreparable quebranto de los principios y deberes estatutarios que legitiman el ejercicio de la función jurisdiccional».

De ser así, se daría un delito de prevaricación judicial (multa y de 10 a 20 años de inhabilitación).

Finalmente, los supuestos «pagos continuados» a la pareja de la juez de los que habló el empresario en su última declaración serían constitutivos de un tercer delito, el de cohecho, sin duda el más grave de los imputados: además de la multa e inhabilitación, conlleva entre tres y seis años de prisión.

La decisión de la Sala se ha apoyado en los documentos que solicitó el pasado día 13, cuando rechazó la petición de la Fiscalía de archivar la querella. En particular, ha valorado el informe sobre la tramitación de la causa remitido por el magistrado que sustituyó a Rosell en el juzgado, que enumera retrasos «injustificados» e «irregularidades» en la causa. En especial, los magistrados han valorado una reciente declaración en la que el imputado revelaba que los negocios con la pareja de Rosell no fueron sólo posteriores a la salida de ésta del juzgado, sino que venían de tiempo atrás y abarcaban el periodo en el que era la instructora del caso.

En cuanto a la decisión del instructor del CGPJ de archivar sus diligencias, el TS considera que no es ningún «obstáculo» para una investigación penal. Entre otros motivos, porque el Consejo no pudo valorar la última revelación del empresario. A partir de ahora la investigación pasa a manos del magistrado designado como instructor, Juan Ramón Berdugo. Será él quien acuerde las diligencias que estime necesarias. Entre ellas, la de llamar a declarar a Rosell en calidad de investigada, nueva denominación legal para imputada.

Desde Podemos, Pablo Iglesias apoyó ayer a Rosell. «Toda mi solidaridad y apoyo a Victoria Rosell, no tengo la menor duda de que su comportamiento ha sido siempre honesto y ajustado a Derecho», dijo. La propia Rosell negó el lunes a este diario que la apertura de una investigación penal fuera motivo para dejar su acta de diputada.

La conspiración que no era tal

Fue la Fiscalía de Las Palmas la que levantó la liebre. Todo le sonó raro. Desde la lentitud en la instrucción de la causa por la entonces juez Victoria Rosell, hasta la cercanía entre el investigado y la pareja de la candidata. Y más aún la proximidad de fechas entre la excedencia obtenida por Rosell para dedicarse a la política y el cierre de la venta de la emisora entre su pareja y su investigado.

Nada le cuadraba y abrió una investigación.

Fue EL MUNDO el que comenzó a dar cuenta de las posibles irregularidades cometidas por Rosell durante esta instrucción. Las sospechas de que hubiera gestionado una causa de forma beneficiosa para su pareja y, por extensión, para el investigado, removieron las sillas en la Fiscalía.

La pareja de la diputada, el periodista Carlos Sosa, firmó un contrato que le reportaba 300.000 euros con el empresario Miguel Ángel Ramírez, imputado tras una denuncia del sindicato USO por un presunto fraude conjunto de más de 21 millones a la Seguridad Social y la Hacienda Pública en el juzgado de Las Palmas del que Rosell era titular.

El acuerdo se selló sólo cuatro días después de que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) concediera la excedencia a la candidata de Podemos y ésta abandonara el caso. Lo que la Fiscalía sospechó es que ese contrato se negoció antes, mientras Rosell todavía instruía ese procedimiento y que, por tanto, debió haberse abstenido para no incurrir en una posible prevaricación.

La representante del Ministerio Público elevó sus sospechas al CGPJ mientras Rosell la denunciaba por sus investigaciones. El Tribunal Superior canario arropó entonces a Rosell frente a la Fiscalía al entender que había vulnerado los derechos de la ya entonces candidata.

La silla que dejó Rosell en el juzgado fue ocupada por otro magistrado, Salvador Alba, que tuvo que levantar las alfombras de ese sumario. Y se encontró con cocodrilos. Los puso por escrito, primero al CGPJ y después al Tribunal Supremo. Todas las sospechas de la Fiscalía llegaron al Poder Judicial que, pese a las evidencias, optó por dar carpetazo y no abrir ninguna actuación sobre Rosell.

Para entonces, la considerada ministra de Justicia de Podemos había desatado ya una campaña mediática contra el juez, la fiscal y el entonces ministro en funciones José Manuel Soria. Este periódico tampoco se quedaba fuera de sus ataques. A todos acusaba de formar parte de una conspiración política contra ella.

EL MUNDO ha ido desgranando paso a paso las gestiones sobre este procedimiento. Entre ellas, la querella que presentó el ex ministro, quien fichó como abogado al que fue fiscal general del Estado con el PSOE Eligio Hernández. Además de injurias y calumnias, el ex ministro también elevó al Supremo sus dudas sobre la legalidad de la instrucción. La querella llegó al Alto Tribunal que, antes de tomar una decisión, se dirigió al juez sustituto para que emitiera un informe técnico sobre el caso cuando tomó las riendas del juzgado.

El informe fue demoledor.

Alba detalló punto por punto todo lo que se encontró en el sumario e, incluso, lo que no se encontró… Retrasos injustificados, material no facilitado a las partes, peticiones de fianza sin resolver… El asunto está ahora en manos del Supremo.

Fuente: elmundo.es

 

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