El Tribunal de Cuentas órgano fiscalizador de la gestión económica del estado, pide a los Ministerios mas rigor en la contratación de seguridad privada.

El Tribunal de Cuentas es el supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del Estado y del sector público español, tal como establece la Constitución, y desarrolla la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas ​ y la Ley 7/1988, de 5 de abril de Funcionamiento del Tribunal.

El Tribunal de Cuentas reclama a los ministerios que tengan un «mayor rigor en la contratación de seguridad privada» entre otros aspectos el valor estimado de los contratos o la necesidad de la contratación.

Los ministerios económicos de -Hacienda, Asuntos Económicos, Transportes, Industria y Comercio, Agricultura, Transición Ecológica y Trabajo- han suscrito 370 contratos de seguridad privada por valor de 128 millones de euros durante los años 2016 al 2019. Tanto con el anterior Gobierno como con el actual se han reproducido estas incidencias.

En 34 contratos analizados, el Tribunal de Cuentas ha observado omisión en la necesidad de contratar o justificaciones genéricas en el 38 % de los expedientes, en el 41 % no se incluye o es insuficiente la justificación de la falta de medios que lleva a recurrir a la seguridad privada y ocurre lo mismo respecto a los criterios de adjudicación en el 68 %.

En un 47 % de los expedientes no se justifican los requisitos mínimos de solvencia económica o profesional, o en el 62 % no se incluían «declaraciones precisas» en los pliegos para controlar la ejecución del contrato.

Además, se han advertido incumplimientos en la valoración y adjudicación en un 29 % de los expedientes, con el consiguiente riesgo para la objetividad, la transparencia y la igualdad y en la mitad de los contratos adjudicados por procedimiento negociado no se determinó qué aspectos económicos y técnicos se debían negociar, o no se negociaron condiciones.

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