Evitar el uso de efectivo lastra la competitividad y dispara la exclusión social.

CORONAVIRUS / UTILIZACIÓN DEL EFECTIVO

APROSER quiere trasladar su completo apoyo a las Administraciones Públicas en la complicadísima tarea que está siendo asumida en un momento tan crítico como el actual, pero, a la vez, llamar su atención sobre determinados aspectos que merecen una reflexión adicional, aun entendiendo que prime la celeridad en la adopción de todas aquellas medidas que realmente sean eficaces para frenar la expansión del coronavirus.

APROSER, Asociación Profesional de Compañías Privadas de Servicios de Seguridad, integra en su seno a empresas que prestan el 70% de los servicios de seguridad privada y la totalidad de los servicios de transporte de fondos y de gestión del efectivo. Estas empresas están acometiendo, con la máxima responsabilidad, las funciones derivadas de su carácter de servicios esenciales, entre otros espacios, en los hospitales públicos y privados o en el conjunto de infraestructuras de transporte o centros de suministros de productos de primera necesidad.

Estos servicios son prestados por vigilantes de seguridad que, como otros conciudadanos, están asumiendo un riesgo especial que estamos seguros de que las autoridades públicas seguirán reconociendo públicamente, si cabe, todavía en mayor medida.

En este sentido, en unos días especialmente complicados para todos, hemos observado con preocupación ciertas decisiones que, probablemente sobre la base de una información insuficiente o distorsionada, se han venido adoptando sobre la prohibición o limitación del uso de efectivo en diversos ámbitos, en particular en diversos establecimientos comerciales o medios de transporte, máxime cuando no existe evidencia científica de que, debido a ello, exista un mayor riesgo de propagación de la enfermedad.

Recientemente hemos emitido un comunicado a medios en el que tan solo nos limitamos a recoger las afirmaciones llevadas a cabo por las diversas organizaciones internacionales y nacionales al respecto.

En particular: la Organización Mundial de la Salud, que ha desmentido que el dinero en efectivo y, en concreto, los billetes transmitan el COVID-19; el Banco Central Europeo, que ha descartado que se propague por los billetes, teniendo de hecho otras superficies el mismo riesgo de propagación según un estudio reciente (los virus infecciosos pueden vivir en superficies como el plástico durante días); y el propio Banco de España, quien se ha posicionado también públicamente llamando a utilizar el dinero en efectivo con normalidad.

A todo ello se ha unido en los últimos días el Bundesbank y diversas organizaciones internacionales. No debe por tanto sorprender que, precisamente, el acceso a cajeros para retirar dinero, es una de las actuaciones que expresamente han sido incluidas entre aquellas actividades no sujetas a las limitaciones generales de libertad de circulación en nuestro país.

Consecuentemente, y en la medida en que una parte de la población no pueda disponer de medios de pago alternativos al efectivo, se debería ser muy prudente     en futuras     normativas/comunicaciones     para     evitar perjuicios/malentendidos entre los ciudadanos y un daño reputacional para este medio de pago, muy generalizado, que entendemos como totalmente injustificado.

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