La lacra del intrusismo en la Guardería Rural obviada por los responsables públicos
Tal y como ha venido denunciando el responsable en Andalucía del área de los Guardas Rurales, adscritos a la Federación de Trabajadores de Seguridad Privada de la USO (FTSP-USO), la lacra del intrusismo en este sector de la seguridad privada va en aumento, por lo que además de denunciarlo a los partidos políticos para que tomen conciencia de este grave problema y empiecen a tomar medida legislativas al respecto, se ha dado un paso mas allá apelando al Defensor del Pueblo Andaluz, que tras atender la demanda, ha solicitado a la Dirección General del Medio Natural, Biodiversidad y Espacios Protegidos, le aporte cuanta información disponga sobre los hechos que nuestro representante lleva años denunciando.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La figura del Guarda Rural fue creada en el siglo XIX con el fin de ofrecer vigilancia y protección de personas y bienes en espacios rústicos, así como instalaciones agrícolas, comerciales o industriales que se encontrasen en los mismos.
El desempeño de esta labor viene sufriendo desde hace años el problema de intrusismo, ya que coexisten dos figuras: el Guarda Rural de Caza o Guardapesca Marítimo y el Guarda de Coto de Caza.
El Guarda de Coto de Caza, creada por la Junta de Andalucía al asumir las competencias de caza, tiene como principales funciones la vigilancia de los aprovechamientos cinegéticos, la colaboración en la ejecución y seguimiento de los planes técnicos de caza y el auxilio a la autoridad medioambiental y la colaboración con Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y de la Comunidad Autónoma para la prevención y extinción de incendios.
La habilitación de Guarda de Coto de Caza se obtiene al realizar un curso de setenta y dos horas sobre lo relacionado con la actividad de los guardas de coto de caza e impartido por las entidades homologadas para ello por la Consejería correspondientes.
Es un mecanismo de acceso a la posibilidad de desempeñar sus funciones muy distinto al de los Guardas Rurales.
Esta aparente similitud de funciones está generando confusión en las atribuciones de cada uno dando pie al intrusismo laboral.
En la actualidad los guardas de coto de caza desarrollan labores de vigilancia cuando sus funciones deberían circunscribirse a la gestión ambiental, sin estar habilitados por el Ministerio del Interior y sin contar con la herramientas propias de los Guardas Rurales como medios de defensa: Revisión de documentación, portar armas o capacidad de detención.
Estas irregularidades han sido comunicadas por la Secretaria General Técnica del Ministerio del Interior, la Real Federación de Caza Española y la Asociación Nacional do Guarda Rurales.
La Secretaria General Técnica evidenció que los Guardas de Coto de Caza, deberían circunscribir sus actividades a las competencias que les son propias desde su creación autonómica dentro del ámbito cinegético, evitando intromisión en las funciones complementarias de seguridad pública o privada dentro de las que se enmarcan los Guardas Rurales.
Dicho esto
El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno a:
1.- Modificar la normativa autonómica actual incluyendo como requisito indispensable para ejercer la gestión y seguridad en un coto de caza, estar habilitado por el Ministerio del Interior.
2.- Dar un plazo de transitoriedad de cuatro años a los Guardas de Coto de caza para obtener la habilitación como Guardas Rurales.
