Lo último publicado en diferentes medios sobre el caso Rosell. El juzgado no cree que las faltas de Rosell comprometan la causa a Ramírez.
Las Palmas de Gran Canaria, EFE
20/abr/16 11:47
Las irregularidades que supuestamente cometió la juez Victoria Rosell en la instrucción del procedimiento por fraude fiscal abierto contra el empresario Miguel Ángel Ramírez no deberían afectar a la viabilidad de la causa, han señalado hoy fuentes próximas a su Juzgado.
El magistrado Salvador Alba, actual responsable del Juzgado de Instrucción número 8 de Las Palmas de Gran Canaria, ha remitido en las últimas semanas dos informes al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) con supuestas irregularidades cometidas por Rosell en ese procedimiento.
La actual diputada de Podemos por Las Palmas ya había sido acusada por dos veces por la Fiscalía ante el órgano de gobierno de los jueces de retrasar sin motivo ese procedimiento y de no haberse abstenido de seguir en ella, a pesar de que su pareja, el periodista Carlos Sosa, tenía intereses con Miguel Ángel Ramírez.
En concreto, la Fiscalía denunció en 2015 que, semanas antes de que Rosell obtuviera la excedencia para presentarse a los comicios, Carlos Sosa había llegado a un acuerdo con la Unión Deportiva Las Palmas, presidida por Ramírez, para transferirle la gestión de una licencia de radio en FM, a cambio del pago de 300.000 euros.
El CGPJ archivó esa queja -y la anterior por retrasos- al no observar indicios de ninguna infracción profesional en el desempeño de Victoria Rosell como juez, y el Tribunal Superior de Justicia de Canarias declaró nulas las indagaciones realizadas por la Fiscalía, por falta de competencia para llevarlas a cabo por parte del Ministerio Público y por vulneración de derechos constitucionales.
Sin embargo, Salvador Alba, que está a punto de terminar su período como sustituto en ese Juzgado (es magistrado titular de la sección sexta de la Audiencia de Las Palmas), ha enviado al CGPJ dos nuevos informes con indicios de posibles faltas profesionales cometidas por Rosell en la instrucción de ese procedimiento.
A principios de abril, comunicó al Poder Judicial que había vuelto a interrogar a Ramírez dentro del sumario principal, en el que se investiga si defraudó a Hacienda y la Seguridad Social 20 millones de euros pagando a los empleados de Seguridad Integral Canaria horas extras como si fueran dietas, que no tributan.
En esa declaración, el presidente de la UD Las Palmas confirmó al juez que entre 2002 y 2011 financió, como «otros empresarios», negocios de periodísticos dirigidos o participados por la actual pareja de la juez Rosell, mediante préstamos que, una vez vencidos y no devueltos, se transformaban en acciones.
Salvador Alba elevó ese detalle al CGPJ por considerar que podía poner de manifiesto que Victoria Rosell debería haberse abstenido de tramitar esa causa penal, por tener interés personal indirecto (a través de su pareja).
Sin embargo, los dos aludidos han contestado que esos préstamos de Ramírez se hicieron antes de que fueran pareja, a empresas de las que Sosa era empleado (no partícipe ni propietario) y años antes de que se abriera esta causa por presunta defraudación fiscal.
Según publica hoy «El Mundo», y han confirmado fuentes judiciales, Salvador Alba ha enviado al CGPJ otro informe ampliatorio, en el que comunica otra posible irregularidad.
En concreto, Alba pone de manifiesto que no le encaja la fecha de una providencia difundida a la prensa por Rosell el pasado 14 de diciembre. Rosell se defendía con ella de otro informe de Salvador Alba, en el que este relataba que, al llegar al Juzgado, se encontró con una memoria USB con información relevante sobre el caso que la ahora diputada habría ocultado a las partes durante 22 meses. Rosell contestó que no solo había estudiado esa información, sino que la había trasladado a acusaciones y defensas. En apoyo de su afirmación, aportó una providencia firmada por ella el 30 de julio de 2014, en la que así lo ordena.
Alba comunica ahora al CGPJ que esa providencia de 30 de julio de 2014 figura en un tomo cerrado oficialmente por el secretario del Juzgado mes y medio antes, el 16 de junio, asegura «El Mundo».
Las fuentes del Juzgado de Instrucción número 8 consultadas han corroborado que Alba ha puesto de manifiesto esa posible irregularidad al CGPJ. Sin embargo, insisten en que se trata de indicios que cuestionan el comportamiento como juez de Rosell, pero que no afectarían a la causa en sí misma.
De hecho, no han formulado por ahora quejas en ese sentido ninguna de las partes personadas en ella: ni los querellados, Ramírez y Seguridad Integral Canaria, ni Fiscalía, ni las otras cinco acusaciones particulares y populares (ejercidas por USO, Intersindical Canaria, la Asociación para la Defensa del Patrimonio Común y Lucha contra la Corrupción y dos personas a título particular).
Fuente: eldia.es
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El juez denuncia irregularidades en la instrucción de Victoria Rosell
20/04/2016 04:53
En otro escrito al CGP, revela que exhibió para defenderse una providencia con fecha posterior a la del cierre del tomo en el que está incluida
Desvela que en el folio 1335 de la causa «obra unido un folio en blanco»; Insiste en que la diputada retuvo durante 22 meses información sensible
El juez que sustituyó en el juzgado de Las Palmas a la ahora diputada de Podemos Victoria Rosell ha remitido al Consejo General del Poder Judicial un escrito en el que, de nuevo, denuncia irregularidades en la instrucción que llevó a cabo la ahora dirigente política en el caso contra el presidente de la Unión Deportiva Las Palmas. El investigado, Miguel Ángel Ramírez, admitió que había tenido relaciones comerciales con Carlos Sosa, pareja de la ex juez y actual parlamentaria del Congreso.
En el escrito, el juez detalla que, ya en una primera misiva remitida al CGPJ, explicó que, por parte de Rosell, «se había procedido a dar publicidad a través de medios de comunicación y de redes sociales a una copia literal de una providencia de fecha 30 de julio de 2014».
Con esta providencia, la diputada trató de salir al paso de la información que revelaba que no había dado traslado a las partes durante 22 meses de un pendrive que aportó la Policía y que no había sido instruido. La Fiscalía ya apuntó que ese material era importante para la causa, porque incluía datos relativos «a pagos de dietas a trabajadores, nóminas de los mismos y demás información relevante para la instrucción».
El juez fecha a finales de 2015 el momento en que se recepcionó y se dio traslado a las partes, ya con él al frente del juzgado.
La diputada de Podemos negó entonces esas acusaciones. Victoria Rosell aseguró que entregó el pendrive en julio de 2014, y que fue entonces cuando pidió que se trasladara a las partes. Para acreditar su versión, exhibió en la cuenta de Twitter de Podemos un escrito, aparentemente tomado del sumario, en el que consta que recepcionó ese dispositivo electrónico y que dio orden de que se diera traslado a las partes. Explicó que la providencia donde se refleja la existencia del pendrive es del 30 de julio de 2014.
Pero ahora, el juez, en el informe que ha remitido al Poder Judicial, señala, sobre ese escrito a que se refiere Rosell de 30 julio de 2014, serias dudas.
El instructor explica que la fiscal del caso: «Me llama para que acuda a su despacho para revisar una anomalía en el procedimiento que le llamaba la atención. Cuando acudí, me mostró la referida providencia de 30 de julio de 2014 [en la que trataba de demostrar que no había dado traslado a las partes de pendrive], la cual no había sido notificada a las partes ni siquiera telemáticamente».
«El hecho relevante», apunta el escrito recibido en el CGPJ y que obra en poder de EL MUNDO, «es que dicha providencia se incluía en el folio 1337 de los autos y estaba fechada el 30 de julio, cuando el tomo se había cerrado por el señor Letrado de la Administración de Justicia [nueva denominación de los secretarios judiciales], con fecha 16 de junio de 2014, es decir, un mes y medio aproximadamente antes de que se incluyera la indicada providencia, que no había sido notificada a las partes».
El juez instructor aclara en este escrito que tuvo que ser él, ya con fecha de 2015, «quien ordena la inmediata notificación de la providencia y dar traslado a las partes de un pendrive que contenía muchísima documentación relativa al proceso y que había sido aportado por la Policía a los autos». Pero en su escrito, además, el juez constata una irregularidad más: «Al folio 1335 obra unido un folio en blanco». Este hecho es de extrema gravedad, ya que sugiere la sospecha de que no sea un error sino un «fallo» intencionado para, en un momento dado, permitir rectificar alguna actuación.
«Siendo relevante este dato, es por lo que se remite el presente para su unión con el anterior», añade el juez, que se refiere a un primer escrito enviado en fechas cercanas al Poder Judicial, en el que denunciaba una campaña de acoso mediático emprendida contra él por el periodista y compañero de la ex juez Victoria Rosell, Carlos Sosa.
Este diario contactó ayer con la diputada de Podemos para recabar su versión sobre esta información, sin obtener ninguna respuesta.
La lupa del Tribunal Supremo sobre la diputada.
El escrito remitido por el juez al CGPJ no es el único quebradero de cabeza que tiene en el ámbito judicial la diputada de Podemos. Hay que sumar las diligencias que ha abierto el Tribunal Supremo.
Como informaba EL MUNDO, el Alto Tribunal ha dado ya los primeros pasos para investigar a la ministra de Justicia ‘in péctore’ de Podemos.
La Sala de lo Penal ha rechazado la petición de archivo del fiscal y examinará documentos sobre la ex juez antes de decidir si admite a trámite una querella contra ella. Así lo han acordado cinco magistrados que han examinado la querella del que fuera ministro de Industria José Manuel Soria contra la hasta hace unos meses responsable del Juzgado de Instrucción número 8 de Las Palmas.
La querella le acusa, entre otros delitos, de prevaricar en la tramitación de una causa en la que estaba imputado un empresario (el presidente de la UD Las Palmas) que tenía negocios con la pareja sentimental de Rosell.
El Tribunal ha optado desviarse del criterio inicial de la Fiscalía (que apostaba por archivar la querella) y solicitar información del caso antes de adoptar su decisión.
El Supremo reclama al juez que sustituye a Rosell que le remita un informe «acerca de todos aquellos extremos que ya han resultado determinantes del actual estado de las actuaciones, con indicación de las vicisitudes e incidencias que hayan podido afectar a la duración del proceso».
Además, solicita una copia de las declaraciones del empresario imputado. Ramírez, en sus citaciones ante el juez, ha admitido haber mantenido una relación comercial con la pareja de Rosell durante años, como ya publicó EL MUNDO. La Sala destaca en su escrito «la gravedad» de las imputaciones realizadas contra Rosell, «por más que hasta ahora solo tengan un sostén puramente hipotético y coyuntural».
Fuente: elmundo.es
