Los ataques que sufren los vigilantes de seguridad son continuos y las medidas de protección insuficientes.
Cuando la autoridad es la parte más indefensa.
Que cada vigilante disponga de las herramientas adecuadas supone costes extras para las empresas. Según los entrevistados, la contratación pública en los últimos años ha sido «una irresponsabilidad», así como el comportamiento de algunos grupos del sector. «A raíz de la crisis, las administraciones sólo se fijan en el precio de las subastas», apunta Basilio Febles, secretario general de la federación de seguridad privada de la Unión Sindical Obrera (USO).
En Cataluña, las empresas que pagan por debajo del convenio colectivo (un hecho que se da en otras comunidades) no son contratadas. Sin embargo, la medida no es suficiente para evitar que muchos trabajadores lleguen justos a fin de mes. «El nivel de precios en otras zonas del Estado es menor», remarca Paz. Con un salario que apenas supera los 1.000 euros mensuales «es imposible vivir en la ciudad de Barcelona», comenta.
Una de las fórmulas para mejorar este salario base es recurrir a las horas extras. Su remuneración, sin embargo, sigue siendo «muy baja», opinan los entrevistados. Cada hora extra se paga a siete euros y, por tanto, «hay que hacer más de 80 horas extras al mes para pasar de los 1.500 euros!», exclama Paz.
En algunos casos, alargar el horario laboral es una obligación (en caso de que haya un cambio de turno y el relevo no se presente el vigilante no puede abandonar su puesto de trabajo, por ejemplo). Es por ello que los sindicatos reclaman la creación de un convenio específico para el sector en Cataluña.
Los trabajadores, aseguran, han hecho llegar todas estas demandas a las mismas empresas, pero la indiferencia que muestran es desconcertante: «Si le gusta, bien, y si no también», le han llegado a responder a Paz.