Miedo a la ¡Seguridad Privada!

De una forma inesperada se ha generado un debate en la provincia de Sevilla sobre la efectividad de la Seguridad Privada. La incorporación de efectivos de este sector en las administraciones locales ha levantado un resquemor en la ciudadanía que se pregunta si estos profesionales son tales y si su trabajo puede o no ofrecer una seguridad efectiva. Las diatribas provienen de varias contrataciones a empresas de seguridad por parte de distintos municipios de esta provincia y de la apreciación de que la labor de estos profesionales se realiza junto a la Policía Local.

Esta circunstancia comenzó con la contratación de una empresa de seguridad para suministrar seguridad a la población de Marchena, deficitaria de la misma a consecuencia de un conflicto entre el ayuntamiento y la Policía Local.

Entonces los medios de comunicación se hicieron eco y llevaron a la opinión pública no solo las proclamas de este conflicto sino el resquemor de los ciudadanos de ese municipio que no sabían realmente qué era la Seguridad Privada y si esta misma podía o no realizar ciertas funciones.

Las acusaciones de intrusismo profesional y de usurpación de funciones fueron las ideas más debatidas. 

Ante esta situación la FTSP USO Andalucía intervino favoreciendo a los trabajadores de la empresa adjudicataria. Y para ello se reunió esa federación con el concejal de Seguridad Ciudadana al que se le agradeció la apuesta por el sector de la  Seguridad Privada, manifestación que los dirigentes de esta organización llevaron simultáneamente a los medios junto a ciertas aclaraciones legales.

A continuación otros ayuntamientos de la misma provincia han contratado a diversas empresas de seguridad, y eso ha generado el debate social que ahora mismo se está celebrando en esta provincia. Uno de ellos ha sido el ayuntamiento de Tocina que para gestionar satisfactoriamente las medidas de seguridad del estado de alarma ha considerado efectuar la contratación de una empresa de seguridad para dar apoyo a la Policía Local.

El dispositivo de apoyo, de la Seguridad Privada, contó con las prerrogativas de Marchena, es decir con la autorización del Subdelegado del Gobierno. Al mismo tiempo,  otro ayuntamiento quiso también seguir el camino de Tocina. En este caso fue el de El Rubio. Aún si hacer la contratación de una empresa de seguridad, ha declarado la intención de la misma y por ello ha solicitado la correspondiente autorización al Subdelegado del Gobierno. La motivación es la misma: dar apoyo a la Policía Local en el cumplimiento de las medidas declaradas por el estado de alarma ante la pandemia mundial.

No obstante estos hechos han generado el rechazo de algunos agentes sociales y de parte de la ciudadanía. Por una parte algunas instituciones y partidos políticos han declarado su disconformidad ante la duda de las funciones del personal de Seguridad Privada, arguyendo que estos trabajadores no pueden acceder a datos sensibles del la población y que, por otro lado, su existencia genera una colisión de las funciones con los profesionales públicos. La ciudadanía ha asumido este debate que ya es social y se mueve entre lo que es legal y lo que es conveniente.

La Federación de Trabajadores de Seguridad Privada de Andalucía, (FTSP-USO Andalucía) agente social en este conflicto en Marchena, ha captado el problema mayor de los detractores de estas contrataciones. Ese problema es el miedo. Existe un notable miedo a los vigilantes. Las entidades detractoras consideran que la población corre un supuesto peligro porque estos profesionales no son lo suficientemente buenos ni están lo bastante preparados para solventar los problemas de seguridad. Sin embargo detrás de ese miedo se oculta un gran desconocimiento y alguna confusión. Objetivamente ninguno de los partidos políticos y organizaciones sindicales que se manifiestan en los medios han hecho un trabajo de investigación sobre qué es legal o no en materia de Seguridad Privada, por lo que sus manifestaciones no pueden ofrecer un juicio correcto sobre lo sucedido.

Por otro lado la población confunde al Vigilante de Seguridad con el Guarda de obra o con el portero de discoteca (sin menospreciar a estos trabajadores). Un Vigilante de Seguridad está habilitado por el Ministerio de Interior y ello se produce tras la superación de unas pruebas físicas y teóricas convocadas por el Cuerpo Nacional de Policía. Para ello los Vigilantes realizan una formación previa en academias de formación en seguridad donde se capacitan no sólo en temas legales sino en destrezas de defensa personal y de tiro, entre otros. En definitiva ningún Vigilante de Seguridad accede a su habilitación profesional de forma arbitraria o desregulada.

Por otro lado, los detractores de estas contrataciones desconocen que el personal de Seguridad Privada lleva muchos años ejerciendo sus funciones en el sector público. No es ninguna novedad la existencia de estos profesionales en los centros de menores o incluso en prisiones. Tampoco es una novedad que estos trabajadores ocupen la vía pública para su labor.

Son muy conocidos los transportes blindados, los de explosivos y hasta los servicios de acudas en los que los Vigilantes se desplazan por carreteras secundarias, autovías, vías de servicios, polígonos, municipios, hacia zonas donde potencialmente se están cometiendo delitos. La presencia en parques, jardines, centros hospitalarios, etc, tampoco es una novedad.

En resumen lo único que se aprecia es miedo, mucho miedo, tras un grave desconocimiento. No han indagado lo suficiente como para saber que a requerimiento de la Policía Local y de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, estos trabajadores pueden perfectamente efectuar identificaciones; hacer rondas y otras labores policiales. En realidad esto sucede desde hace muchos años de  una forma demostrable.

La FTSP USO Andalucía invita a todas las personas que cuentan con ese miedo a informarse sobre el contenido de la Ley de Seguridad Privada, el Reglamento de Seguridad Privada y  las diversas Órdenes Ministeriales. Nuestro deseo es que tal emoción no se apodere generando injustas descalificaciones a los profesionales de este sector. Esta FTSP-USO sin duda velará por los intereses de los Vigilantes afectados. Por otro lado nos ofrecemos como interlocutores si algunas de las entidades que tienen dudas necesita de una aclaración más profesional y asesoramiento.

Amen de lo dicho, la Federación de Trabajadores de Seguridad Privada de USO Andalucía (FTSP-USO Andalucía) agradece a estos ayuntamientos la deferencia de apostar por este sector. Estamos seguros que su apuesta será premiada con efectividad por las contrataciones. Aplaudimos ampliamente porque no tienen miedo sino todo lo contrario: seguridad legal en sus gestiones.

Esta FTSP-USO Andalucía se sitúa al lado de la buena gestión y le da la espalda al miedo ya que es siempre injusto y peligroso. En definitiva rechazamos al miedo como vehículo de reflexión y defendemos el conocimiento de la ley como recurso para establecer este debate legal.  Y a este recurso legal invitamos a todos los que sienten miedo sin saber por qué.

Artículo de Antonio Guerrero

Enlaces a la repercusión de esta decisión en  ayuntamientos y provincias:

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