Patrimonio Nacional va a tener que volver a licitar a toda prisa el macrocontrato de seguridad privada para la vigilancia de sus instalaciones

Patrimonio Nacional va a tener que volver a licitar a toda prisa un macrocontrato de seguridad privada para la vigilancia de sus instalaciones que la propia entidad valoró recientemente en hasta 83 millones de euros para los próximos cuatro años.

El organismo ha tenido que anular la licitación «urgente» que puso en marcha en julio tras detectar que los pliegos que redactó tenían una cláusula ilegal.

El máximo órgano de gestión de Patrimonio aprobó el 18 de septiembre iniciar el expediente de contratación, pero luego se detectó «un error en el pliego de cláusulas administrativas, consistente en atribuir al precio el 51% en los criterios de adjudicación». Ese criterio vulnera la nueva Ley de Contratos del Sector público, que dice lo contrario en su artículo 145: para este tipo de servicios, «los criterios relacionados con la calidad deberán representar, al menos, el 51 por ciento de la puntuación asignable en la valoración de las ofertas».

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