Podemos lleva los planes de Seguridad Integral Canaria a debate parlamentario.
Podemos promoverá que el Congreso y el Parlamento canario se pronuncien sobre la situación de Seguridad Integral Canaria y sus planes para ceder sus contratos de vigilancia a otras empresas, porque considera que su propósito es «seguir cercenando los derechos de los trabajadores».
La formación política trasladará al Congreso de los Diputados el debate sobre esa empresa, de la que es accionista mayoritario Miguel Ángel Ramírez, presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, a través de una pregunta al Gobierno que ha formulado su diputado tinerfeño Alberto Rodríguez.
Este parlamentario pide información sobre cuál es el número exacto de contratos que tiene la Administración del Estado con Seguridad Integral Canaria, si se ha evaluado el nivel de ejecución de esos contratos y si se ha comprobado que las empresas a las que se pretende cederlos «son solventes y carecen de causas que prohíban su contratación», avanza en un comunicado Podemos.
Ya que este partido considera que «la intención de Ramírez es ceder esos contratos a otras dos empresas piratas, como son Marsegur y Sinergias», a fin de «sortear las deudas millonarias a sus trabajadores a las que debe hacer frente» y recortar los salarios de sus empleados.
Rodríguez justifica su iniciativa por el hecho de que, según afirma, Seguridad Integral Canaria ha conseguido «contratos millonarios con numerosas administraciones presentando una oferta económica más ventajosa a costa del salario de los trabajadores».
Puesto que, «mientras la mayoría de las empresas del sector aplican el convenio colectivo, Ramírez aplica un convenio de empresa gracias a la reforma laboral de 2012, que hace que se prime el convenio de empresa frente al sectorial», y lleva a cabo «rebajas salariales que, en ocasiones, rozan el 40 por ciento», sostiene.
Y recuerda que ese es «un convenio que el Tribunal Supremo ha anulado, y que la empresa se niega a retirar y hacer efectivas las cantidades que les adeuda a los trabajadores».
El diputado de Podemos solicita al Gobierno que se pronuncie, además, sobre si los planes de Ramírez se atienen al artículo 226 de la Ley de Contratos del Sector Público, que regula la cesión de contratos.
Una norma que establece que «no podrá autorizarse la cesión a un tercero cuando esta suponga una alteración sustancial de las características del contratista si estas constituyen un elemento esencial del contrato», se destaca en el escrito.
Podemos anuncia que también trasladará el debate de los proyectos de Seguridad Integral al Parlamento de Canarias, mediante una iniciativa de su diputada Natividad Arnáiz.
Esta preguntará al Gobierno canario por los contratos que tiene con esta empresa y por la situación laboral en la que quedarán sus trabajadores, ante la cual expresa su «preocupación».
Además, Natividad Arnáiz interrogará al Ejecutivo «para saber si se van a revisar todos aquellos concursos públicos donde estén adjudicados los servicios a las denominadas empresas piratas del sector de la seguridad privada, que mantienen a sus empleados en unas alarmantes condiciones de precariedad laboral».
Fuente: abc.es
