Rueda de Prensa de la FTSP-USO.

Rueda-prensa2Desde la Federación de Trabajadores de Seguridad Privada del sindicato USO, se viene a manifestar que, en el día de hoy,  se ha realizado en nuestra sede de Las Palmas de G.C., rueda de prensa con respecto a la empresa matriz del Grupo Ralons, “Seguridad Integral Canaria” (de ahora en adelante S.I.C.), de la que es su socio mayoritario el Presidente de esta, D. Miguel Ángel Ramírez.

Por medio del presente, venimos a emitir este resumen de dicha rueda de prensa y no es otro  sino el siguiente:

1. Este sindicato ha valorado en dicha rueda de prensa, la situación de uno de los  procedimiento judiciales que se está tramitando contra D. Miguel A. Ramírez, y el cual tiene, por su transcendencia, una gran cabida en los medios informativos desde que se inició (Juzgado de Instrucción nº 3 de Granadilla. D. Prev. Nº 73/09).  En base a la documentación que tiene esta Organización sindical y que es pública y notoria, debemos de manifestar nuestro asombro a que un procedimiento que se cerró la instrucción, mediante Auto de continuación por los tramites del Procedimiento Abreviado, el día 29/06/11, todavía continúe en la denominada fase intermedia, es decir casi cuatro años, en la fase procesal más corta que tiene un procedimiento penal y sin olvidar que desde que se inició la instrucción (año 2009) han, desgraciadamente,  transcurridos casi seis años sin tener una sentencia o resolución definitiva del procedimiento.

No podemos sino quejarnos de la lentitud de la acción de la justicia, en un procedimiento tan importante para el sector de seguridad y las repercusiones que tiene, no solo en los medios, sino en la alarma social que este conlleva o arrastra, y máxime en una figura tan representativa en este sector, como es el Presidente y socio mayoritario de S.I.C., D. Miguel A. Ramírez, esté imputado por delitos de estafa (art. 250 del CP) y de apropiación indebida (art. 252 del CP). Por todo ello, nos vemos  obligados este sindicato, a expresamente solicitar, que se agilice y se realice el impulso  procesal necesario, para que, en todo caso, se pueda realizar una tutela judicial efectiva en este procedimiento.

2. Con respecto al procedimiento que se tramita en el Juzgado de Instrucción nº 8 de Las Palmas de G.C., por defraudar la empresa SIC el pago de las horas extras a sus trabajadores, desde el año 2008 en adelante . Debemos señalar que  estamos esperando a que, en un modo muy breve, el Juzgado instructor resuelva varias peticiones o avatares procesales, al ser fundamental, para la agilización y buena marcha del procedimiento. Dicho Juzgado de instrucción, debe de pronunciarse con respecto a lo siguiente:

*Solicitud de este sindicato FTSP-USO de imposición de fianza a la empresa imputada S.I.C. (medidas cautelares). Elevada fianza por la previsible defraudación millonaria.

*Solicitud de que el Juzgado resuelva sobre la condición de las partes en el procedimiento. Es decir si este sindicato debe mantenerse como Acusación  Particular o en su caso, debe pasar a ostentar la condición de Acusación Popular.

* Ampliación del objeto del procedimiento. Esta parte ha solicitado que se amplíe el objeto del procedimiento por entender que la empresa denunciada y el Grupo Ralons, podrían estar todas ellas, incursas en delito societarios (operaciones vinculadas en fraude de ley).

3. Se ha  aprovechado esta rueda de prensa para denunciar el acoso o la mordaza que se  intenta imponer a este sindicato FTSP USO, por parte de D. Miguel A. Ramírez, y en relación a la libertad de expresión e información de esta organización sindical.  En concreto queremos manifestar que le ha sido notificada, en la semana pasada, Querella criminal por parte de D. Miguel Ángel Ramírez Alonso, junto al Auto que inadmitía esta, por no tener amparo en el derecho penal.

Igualmente se viene a señalar que dicha querella va dirigida contra Antonio Duarte Álvarez y contra la Federación de Trabajadores de Seguridad Privada del sindicato USO, (FTSP-USO) y se fundamenta en presuntos delitos contra la intimidad, calumnias,  y coacciones,  los cuales se han archivado por el Juzgado, por no tener cabida legal alguna.

Los hechos de la querella, están basados, según el Querellante, D. Miguel Ángel Ramírez Alonso, en un envío, masivo, de Dossier y Cartas, los cuales informaban a clientes de SIC, de prácticas irregulares (delitos económicos e infracciones sociales y administrativas) de dicha empresa, y que a juicio de D. Miguel A. Ramírez no son ciertos y si constitutivos de hecho penal. Se centra en una carta que ha sido

supuestamente enviada por esta organización sindical y por Antonio Duarte, a la entidad BBVA, en el que se alerta a la misma, de las prácticas, en contra de derecho, que entiende el sindicato FTSP- USO que realiza, en contra de derecho, la empresa Seguridad Integral Canaria y que igualmente entiende que son constitutivas de hecho criminal.

Sin embargo se debe de expresar, como no podía de ser de otra manera, que esta Querella no ha sido admitida por el Juzgado de Instrucción Nº 34 de Madrid (D. Prev. nº 1150/2015) por no constituir hecho criminal alguno, y entender dicho Juzgado que de los hechos objeto de la querella no se desprende ningún delito contra la intimidad, coacciones ni calumnias.

En concreto debemos destacar que el Juzgado, de  un modo ajustado a derecho, a resuelto con respecto al Delito contra la intimidad que ninguno de los hechos denunciados son subsumibles en el ámbito penal y por lo tanto solo cabe inadmitirla. En lo que se refiere al delito de calumnias entiende el Juzgado que tampoco debe prosperar por no cumplir la forma. Finalmente y en cuanto al delito de coacciones que también se atribuye a este sindicato y Dirigente, el Juzgado expresa que no constituye tipo penal alguno, y siendo contundente el Juzgado al entender que nunca podría ser D. Miguel A. el sujeto pasivo de dicha supuesta ofensa, sino y en todo caso, el BBVA,  el cual obviamente no ha iniciado acción legal alguna.

Desde la FTSP-USO valoramos muy positivamente el amparo que nos ha ofrecido este Juzgado instructor, ante un nuevo intento de D. Miguel Angel Ramírez, de  amordazar la libertad de expresión e información de esta organización sindical  recogida en la Constitución Española y  por ello aprovechamos para emplazar, una vez más, a D. Miguel Ángel Ramírez y a la empresa Seguridad Integral Canaria (S.I.C.), la cual es la principal del GRUPO RALONS, a cambiar la política laboral y económica de su empresa, sin nunca dejar de recordar que deje de instigar o denunciar, sin base legal, a este sindicato y a sus Dirigentes, que sólo persiguen informar y buscar el bienestar social de los trabajadores, junto con la vigilancia del cumplimiento, correcto, de las normas y leyes laborales vigentes del sector de seguridad privada.

4. Esta Organización sindical debe manifestar, igualmente, que está estudiando y analizando, actualmente, una situación que le está siendo señalada por algunos trabajadores de esta empresa, y no es otra sino la posible situación ilegal e injusta con respecto a las retribuciones económicas que perciben algunos de los trabajadores de dicha mercantil S.I.C., dado que, según se nos está señalando, los trabajadores aparentemente no cobran lo mismo ante la realización de las mismas funciones, en unas provincias o en otras, donde la compañía tiene presencia.

Con ello la FTSP- USO quiere, expresamente, solicitar a la administración pública y al poder ejecutivo de esta comunidad, que investigue si es cierto que en la provincia de Las Palmas, como norma general, los trabajadores cobran menos salario que el personal de la provincia de Sta. Cruz de Tenerife y sin existir ningún precepto legal que avale al empresario o a dicha compañía, para abonar menos retribuciones salariales a los trabajadores de dicha provincia de las Palmas.

Finalmente no debemos dejar de expresar que esta organización sindical continuará, por ser su  obligación estatutaria y legal, usando los medios legales necesarios, para denunciar a las “empresas piratas” del sector de seguridad, es decir que no cumplan con la legalidad vigente (infracciones sociales, criminales u otras).  En el mismo sentido es obligación de esta FTSP- USO, velar por los trabajadores, como sindicato representativo del sector, como así de informar a los clientes de estas, para que puedan cumplir, en su caso, con el deber y obligación de velar que sus subcontratas cumplan,  toda la legalidad vigente.

Debemos destacar, por lo tanto, no solo a la empresa “Seguridad Integral Canaria” del GRUPO  RALONS y de su Presidente y accionista mayoritario, D. Miguel A. Ramírez, sino  igualmente otras casos, análogos, judiciales como “ESABE”, que igualmente han transcendido noticias, por su importancia en el sector, en los medios de prensa, al estar imputadas por delitos contra la Hacienda Pública y la Tesorería General de la Seguridad Social, en las retribuciones salariales de los trabajadores y donde esta organización sindical, está personada como Acusación para velar por los intereses de los trabajadores y de la Administración Pública.

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