Salvador Alba cree que Rosell cometió una infracción al investigar a Ramírez.

El juez considera que su colega debió abstenerse por los negocios de su pareja con el empresario

El Juzgado de Instrucción número 8 de Las Palmas de Gran Canaria ha remitido al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) un informe sobre los vínculos empresariales y comerciales de Miguel Ángel Ramírez con el periodista Carlos Sosa, pareja de la diputada de Podemos y magistrada en excedencia Victoria Rosell. Salvador Alba, que dirige de forma temporal dicho órgano judicial, considera que Rosell ha podido vulnerar su deber de abstención al investigar a Ramírez por fraude fiscal y no apartarse de la causa debido a la existencia de esos lazos.

Alba ha remitido ese informe a la Comisión Disciplinaria del CGPJ tras las sorpresivas revelaciones de Ramírez, quien, el pasado 23 de marzo, sostuvo ante el juez instructor que financió los negocios periodísticos de Sosa entre 2002 y 2011. En esas colaboraciones también participaron otros «importantes» empresarios de Las Palmas, según la declaración judicial, que fue publicada de manera íntegra por LA PROVINCIA /DLP en su edición del pasado domingo (sólo se excluye una pregunta en la que el investigado se ratifica en dos comparecencias anteriores, niega que pagase a sus empleados de Seguridad Integral Canaria horas extraordinarias camufladas en dietas y acusa a la Agencia Tributaria de excluir del procedimiento la documentación que le beneficia).

Antecedentes

Rosell comenzó a instruir la polémica causa a principios de 2014 y dejó el juzgado el 22 de octubre de 2015, fecha en la que obtuvo la excedencia e inició su andadura hasta el Congreso de los Diputados, donde ejerce en comisión de servicios especiales. Seis días después, su pareja, Carlos Sosa, cerró una operación de 300.000 euros con la UD Las Palmas, cuyo presidente es Miguel Ángel Ramírez, con la finalidad de ceder al club amarillo una frecuencia de radio FM de la que el periodista es titular por concurso público. Esa operación fue investigada por la Fiscalía de Las Palmas y remitida al CGPJ, pero el órgano de gobierno de los jueces la archivó al no apreciar actuaciones irregulares de Rosell. Sin embargo Alba, tras analizar las afirmaciones de Ramírez y la documentación aportada al juzgado, considera que los vínculos empresariales son anteriores a ese negocio radiofónico y, por tanto, la magistrada debió abstenerse porque existían intereses que entraban en colisión con la investigación penal abierta.

Alba rechazó ayer confirmar si había remitido o no el informe, pero sí lo hicieron fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), pues el magistrado instructor se lo comunicó a la Sala de Gobierno antes de remitirlo al CGPJ. La base de su denuncia es la declaración hecha el pasado 23 de marzo por el dueño del Grupo Ralons y presidente de la UD Las Palmas. En ella, Ramírez detalla que dio dinero a las empresas vinculadas a Canarias Ahora, con la finalidad de cubrir las pérdidas de los proyectos periodísticos. Los contratos, añade el imputado, abarcan desde 2002 hasta 2011, año en el que dio por saldada la deuda acumulada al llegar a un acuerdo para cobrársela en publicidad.

Sosa replica que esos préstamos mercantiles se concedieron a compañías de las que no era socio, sino «empleado», entre ellas Virtual Press, de la que era director general, y Canarias Ahora Radio. El primero, con fecha de 30 de junio de 2003, ascendió a 24.000 euros. El segundo lleva fecha de 5 diciembre de 2005 y tiene un importe de 35.000 euros; el tercer acuerdo, del 21 de febrero de 2007, es de 37.000 euros, y el último préstamo se firmó el 7 de mayo de 2008 por importe de 24.000 euros.

El periodista afirma que esas sociedades «dejaron de operar desde hace muchos años» y, desde finales de 2008, trabaja con Clan de Medios, Comunicación y Marketing, de la que es socio único y en la que no tiene préstamos con Ramírez ni ningún otro empresario.

Clan de Medios es, precisamente, la empresa con la que Sosa firmó el pasado octubre el contrato con la productora de la UD Las Palmas. Esa entidad, además, tiene un acuerdo con Ralons que consiste en pagar la limpieza de sus instalaciones a cambio 700 euros mensuales en publicidad. Esos vínculos comerciales, unidos a los préstamos anteriores, son determinantes para Alba a la hora de enviar su informe al CGPJ, pues Ramírez asegura que había una relación de confianza y las deudas pasaban de una empresa a otra, renunciando a su derecho a adquirir participaciones para liquidar el préstamo, que finalmente se saldaba mediante publicidad.

La Fiscalía ha presentado dos quejas contra Rosell por su actuación en esa investigación y las dos han sido archivadas por el CGPJ. La última fue por el negocio de la radio, pero el promotor de la acción disciplinaria concluyó que la coincidencia de las negociaciones con la actividad judicial de Rosell fue muy breve, y tampoco se aportaron pruebas de que la magistrada estuviera al corriente de las mismas.

Esas diligencias fueron anuladas por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, cuya Sala de lo Contencioso Administrativo entiende que la Fiscalía ha vulnerado los derechos fundamentales de Rosell al investigarla por motivos disciplinarios, una atribución sobre la que no tiene competencias porque está reservada en exclusiva al CGPJ. El ministerio público, en cambio, ha recurrido la sentencia ante Tribunal Supremo, que también debe de decidir si admite a trámite una querella del ministro José Manuel Soria sobre esos hechos. El fiscal, por el momento, ha informado en contra.

http://suscriptor.laprovincia.es/canarias/2016/04/06/salvador-alba-cree-rosell-cometio/808309.html

http://www.elmundo.es/espana/2016/04/06/5704dd21ca4741d05e8b4627.html

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