Seguridad Integral Canaria intenta intimidarnos nuevamente.

La empresa SEGURIDAD INTEGRAL CANARIA nos da tres días de plazo para emitir una nota de rectificación, con relevancia semejante a aquella en que se publicó o difundió la información que se rectifica, sin comentarios ni apostillas.En el supuesto de que en el plazo indicado, no se hubiere publicado o divulgado por nuestra parte la rectificación o se haya publicado o divulgado sin respetar lo previsto legalmente, se verán obligados a denunciarnos incluso penalmente si hubiera lugar, ante la hipotética existencia de un posible delito de calumnias, todo ello con el objeto de defender el buen nombre y prestigio de dicha empresa.

Amenaza integral con denunciar 26 11 14_001

Se dan estos hechos por una noticia publicada el día 20 de octubre de 2014 en el Blog:

http://ftsp-usolaspalmas.blogspot.com.es/2014/10/la-privatizacion-de-laseguridad.html?m=1

Dicha noticia, publicada en el periódico Cuarto Poder (Web: www.cuartopoder.es) y reproducida por el Blog antes citado, viene a decir que “Al margen de la Gurtel, el presidente de Seguridad Integral Canaria, otra de las empresas más beneficiadas con contratos del Gobierno Central (el Gobierno Autonómico de Madrid le concedió la seguridad del Metro) figura como donante del PP para sus campañas electorales.
La empresa SEGURIDAD INTEGRAL CANARIA y su Presidente MIGUEL ANGEL RAMIREZ niegan estos hechos y parece que van a emprender acciones legales contra nosotros, según nos comunica su abogado.

Desde la FTSP-USO estamos muy tranquilos, entendemos que no tiene ningún sentido que nos amenacen con un procedimiento criminal, por reproducir en un blog, una noticia aparecida o publicada en un medio de comunicación, además haciendo referencia al periódico donde ha sido publicada la noticia.

Entendemos esto, como una maniobra de esta empresa para evitar que sigamos ejerciendo nuestra acción sindical en beneficio de todos los trabajadores y trabajadoras de esta empresa en particular y del sector en General.

Podría dedicar el dinero que se gasta en estos temas a abonar el salario a sus trabajadores y trabajadoras según Convenio y así, de paso, evitar las sanciones que le imponen desde la Inspección de Trabajo por estos hechos.

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