Sobre todo para dar a conocer los contratos y, en general, cómo se gasta el dinero público.

La nueva Ley de Transparencia comienza su andadura en el día de hoy. El portal de transparencia arranca con 500.000 datos.El Gobierno español ofreció este martes detalles del primer gran ejercicio de transparencia en la Administración, con un portal que arranca a las doce del mediodía de este miércoles (transparencia.gob.es) con más de medio millón de informaciones de interés público.

El Ejecutivo, que prometió desde que llegó a La Moncloa una ley de transparencia que entra en vigor ahora, al final de la legislatura, ha hecho un gran esfuerzo, con un coste de unos 300.000 euros en servicios externos y muchas horas de trabajo. José Luis Ayllón, secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, ha dirigido a unos 80 funcionarios para poner en marcha el portal y dejar a disposición de todos los ciudadanos datos que nunca habían sido públicos, como todo tipo de subvenciones o convenios, junto a otra documentación que ya lo era, como los contratos, que estaban dispersos y que ahora se centralizan en esta página web. También se incluyen todos los sueldos en bruto de los altos cargos, esto es, de director general para arriba, por lo que se podrá comprobar, por ejemplo, que un secretario de Estado cobra bastante más que un ministro, su superior.

El Gobierno convocó este martes una sesión informativa en La Moncloa para explicar todo lo que se halla en este portal, “más de 50 gigas” de información, precisaron. Sin embargo, también es muy relevante lo que no está. Por una parte, hay datos que solo llegarán cuando los ciudadanos, periodistas o historiadores —estos últimos colectivos han sido en otros países los principales usuarios de las leyes de transparencia— los reclamen. La petición, a través del portal es muy sencilla, aunque nunca será anónima. Un equipo, con tres personas en cada ministerio hasta un total de 36 funcionarios, tramitará la solicitud para hacerla llegar a quien realmente tiene el dato. Se ha formado a otros 800 funcionarios para que estén preparados para responder. En 30 días el ciudadano recibirá una respuesta.

Si esta no llega o no es satisfactoria, podrá acudir al Consejo de la Transparencia que tendrá que dilucidar si la Administración tenía alguna razón —sobre todo de seguridad, alega el Ejecutivo, que excluye todo lo referido al CNI aunque sí incluye a la Casa Real— para no conceder el dato solicitado. El Gobierno aclara que la información que se pida tiene que estar procesada, es decir, que no se van a elaborar apuntes específicos a petición de los solicitantes. El Ejecutivo asegura que ha comprobado los datos que se piden en otros países y está convencido de que podrá satisfacer la gran mayoría de las peticiones antes de los 30 días establecidos.

El Ejecutivo espera una oleada de peticiones para los primeros días. En la web no figura el número de asesores de cada ministerio, pero es un dato que se puede reclamar y que se ofrecerá sin problemas, aseguraron los responsables. Las peticiones más frecuentes se incorporarán al portal, que irá creciendo a medida que lo vayan usando los ciudadanos. En él solo están consignados los datos que afectan a la Administración central. Las autonómicas y locales disponen de un año para desarrollar sus propias páginas webs.

Su funcionamiento real se comprobará cuando empiecen a consultarlo ciudadanos y organizaciones. El portal de transparencia está repleto de datos relevantes y de fácil consulta, aunque su funcionamiento real se comprobará hoy cuando empiecen a entrar en él los ciudadanos y, en especial, las organizaciones y expertos vinculados a estos asuntos, que se han mostrado muy críticos.

La ley española tiene claros límites si se compara con otras del entorno, que además llegaron mucho antes. En la cita informativa se dejó muy claro, por ejemplo, que los datos sobre los registros de entrada y de salida de los ministerios o de La Moncloa, algo clave para poder comprobar quién se reúne con los políticos para intentar influir en ellos, no se harán públicos. El Ejecutivo explica que en España, por su legislación de protección de datos, las informaciones de los registros de entrada y salida se eliminan cada mes y, en cualquier caso, considera que no se pueden facilitar.

Un caso reciente muestra las diferencias entre la situación en España y en el resto de Europa. Miguel Arias Cañete, para ser comisario de Industria de la UE, ha tenido que prometer que va a publicar con quién se reúne cada día para que los eurodiputados puedan ver qué lobbistas y qué empresarios le visitan. Sin embargo, en España ni él cuando era ministro de Agricultura ni ninguno de sus colegas hacen nada similar.

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Fuente : elpais.com