Unión Deportiva Las Palmas: ¿rumbo a la concursal?
El equipo amarillo podría verse salpicado por la crisis de uno de sus importantes accionistas: Seguridad Integral Canaria. Miguel Ángel Ramírez convoca junta de accionistas para estructurar el nuevo capital para la próxima semana.
La salida de la crisis que atraviesa Seguridad Integral Canaria pasaría por una concursal «voluntaria o forzosa» desde la Administración, según indicó este martes a ABC una fuente especializada en quiebras. Seguridad Integral Canaria sería uno de los accionistas importantes de la Unión Deportiva Las Palmas SAD, colista en la primera división de la Liga de Fútbol Profesional. La empresa negó en la tarde de este martes a ABC ser un accionista de referencia del equipo de fútbol.
Un portavoz de la compañía canaria de seguridad dijo que, en caso de optar por un proceso concursal, «el impacto en la UD Las Palmas SAD sería mínimo porque el número de acciones que tiene no llega ni a once, apenas una presencia testimonial por no decir nula». Aquí puede consultar las cuentas anuales de UD Las Palmas.
La tesis de los sindicatos es: optar por esta vía concursal para desbloquear los salarios de empleados, una salida que reclaman las centrales sindicales, que llevan más de dos meses sin cobrar, implicaría que ese accionista de la UD Las Palmas SAD tendría todas sus cuentas intervenidas.
Fuentes sindicales consultadas por ABC indicaron este martes, antes de la comunicación llevada a cabo por la empresa esta tarde, que: «no pedirían la concursal por un tema de ego de su líder, que no quiere perder el control del equipo amarillo, ya que ese capital se vendería para sanear a la empresa y las autoridades no presionan para no verse con un equipo de fútbol intervenido, como en el pasado, y ahora menos con los resultados que está obteniendo».
Y es que si el juzgado retirase los poderes a quien disponga de los intereses de Seguridad Integral Canaria en Unión Deportiva Las Palmas, el representante del capital intervenido sería quien liderase al equipo de fútbol. Un proceso similar al de Manuel Ruiz de Lopera en el Real Betis. Al ser el mayor accionista una autoridad judicialpodría forzar un cambio de presidencia del equipo amarillo. Pero la empresa de seguridad dice no ser accionista mayoritario.
Proceso
El pasado mes de agosto, Miguel Ángel Ramírez, accionista mayoritario de Seguridad Integral Canaria, expresó su interés por salir del negocio presencial de la seguridad. Ramírez es presidente de la UD Las Palmas SAD. Formalmente, no estaría en el consejo de la UD Las Palmas SAD como representante de Seguridad Integral Canaria. Para eso, hay un directivo de Ralons, empresa patrimonial de Ramírez que agrupa sus negocios de servicios.
La empresa insular de seguridad forma parte o encabeza un conglomerado de empresas con miles de empleados y lleva más de dos meses sin pagar salarios. Estos retrasos se acumulan por sentencias condenatorias y ausencia de liquidez para asumir compromisos.
Una de las salidas que se baraja es que la empresa insular concurra a una concursal voluntaria; pero eso no se ha llevado a cabo hasta ahora. También es posible que sea forzada por la Admnistración. Los procesos concursales prevén revisión de la contabilidad de la empresa afectada con 24 meses de anterioridad a la concurrencia del concurso de acreedores. Es decir: operaciones de cambio de titularidad de participaciones en sectores estratégicos del grupo.
Los empleados de Seguridad Integral Canaria y Ralons están desarrollando movilizaciones y algunas administraciones canarias, donde se concentra el grueso del negocio, han creado «contratos puente» con los que otros operadores del mercado se han hecho cargo de plantillas afectadas y cobertura de servicios.
Junta en diciembre
El miércoles 27 de diciembre se celebra junta de accionistas de la Unión Deportiva Las Palmas SAD. Si hay problemas con la convocatoria, el Día de los Santos Inocentes, el 28 diciembre, se celebraría otra.
El orden del día, al que ha tenido acceso ABC, analizará el «estado de los cambios en el patrimonio neto y estado de flujo de efectivo» así como la «memoria e informe de gestión, correspondiente al ejercicio cerrado a 30 de junio de 2017».
Esa junta de accionistas debería aprobar la ampliación de capital. Dicha ampliación de capital es de algo más de un millón de euros con la emisión de 11.292 acciones a 94 euros de valor nominal cada una. Esa junta debería aprobar una nueva redacción a los artículos de los estatutos relativos al capital social.
Fuente: abc.es
