USO pide la dimisión de Martínez y Villaverde por deficiencias en la contratación de seguridad del Principado

El sindicato USO y otras fuerzas sindicales han pedido este jueves la dimisión del consejero de Presidencia, Guillermo Martínez, y del director general de Justicia e Interior, José Luis Villaverde, como «cómplices y consentidores» de las situaciones de «precariedad» y «desigualdades» en las contrataciones de servicios de Seguridad de las distintas sedes de la Administración autonómica y sus centros públicos, que actualmente suman unos 300 puestos de trabajo.

En una rueda de prensa, Luis Alonso (USO), y el resto de responsables sindicales, han criticado duramente la gestión autonómica que, según su versión, conlleva «graves deficiencias» en las prestaciones de los servicios, así como la precariedad laboral y destrucción de empleo. Los sindicatos se han quejado de que no cumplan el convenio estatal de seguridad las empresas adjudicatarias de los distintos servicios. Según los sindicatos presentes en unos casos se descuelgan, en otros casos tienen su propio convenio y en otros directamente no lo cumplen. Según Alonso, desde marzo los tres sindicatos mayoritarios del sector se han reunido de forma continuada con Martínez y con Villaverde, para demandar soluciones que les permitan tener «una estabilidad laboral».

Una de sus demandas ha sido precisamente la inclusión de una cláusula en los pliegos de contrataciones de las empresas, que exija el cumplimiento de ese convenio estatal. «No ha habido respuesta, ni positiva ni negativa», ha lamentado el representante de USO. Las diferencias salariales entre los sueldos fijados según el convenio estatal y el resto llega a rondar, según el representante sindical, el 30%. Se dan situaciones, como las de los centros de menores de Sograndio (Oviedo) o Miraflores (Noreña), o el Materno Infantil, donde trabajadores de seguridad con las mismas funciones cobran hasta tres tipos de sueldos diferentes.

El incumplimiento del convenio estatal ha sido la principal queja que han expuesto los representantes sindicales, pero no la única. También han criticado la reducción del 25% del presupuesto del área de seguridad, así como la contratación de los servicios al precio más bajo ofrecido por las empresas, lo que conlleva «diferencias» en la prestación del servicio, como material de baja calidad (linternas compradas en los chinos), o carencia de recursos (como el hecho de que en el Centro de Miraflores tengan un escudo y un casco para toda la plantilla).

Huca y Guardia Civil han denunciado públicamente la situación del nuevo Hospital Central Universitario, donde, según nos explicaron en la rueda de prensa, «manda todo el mundo porque no se sabe quién es el responsable encargado de la seguridad». «No existen órdenes escritas ni protocolos de actuación», recordando que una plantilla de tres vigilantes por turno es muy escasa para un edificio de esa envergadura.

También han sido muy críticos con el anuncio del Gobierno autonómico de sustituir los vigilantes de seguridad de los juzgados por guardias civiles retirados. Han negado que se trate de una apuesta por la seguridad pública. En opinión de los sindicatos «es una destrucción de empleo», porque «se trata de agentes en segunda actividad», que cobrarán su sueldo del Ministerio de Interior, más un complemento de 456 euros del Gobierno autonómico. «Solo están abaratando servicios», nos han explicado para recordar que los 30 vigilantes que ahora mismo trabajan en las sedes judiciales se irán al paro. las reducciones de personal son contínuas.

Por ejemplo: dentro de los pliegos se exige una linterna, y al precio que van solo pueden comprarlas de los chinos. no hay contratada alarmas, van a parte lo que incrementa el precio, por lo que el ahorro supuesto no es real. servicios que se tienen que incrementar por no haber salidas de emergencia. concursos que se suspenden, como en el centro de salud de Mieres, y al año siguiente, tienen que volver a convocarlos por la inseguridad que se va generando.

Todo esto se ha denunciado de manera reiterada ante la delegación de gobierno, Gobierno del Principado y el Director General de Interior por lo que entendemos que son cómplices de esta situación laboral.

Fuente: 20minutos.es